Con el propósito de actualizar el marco jurídico en materia ambiental y atender de forma más eficaz los incendios forestales, el diputado Tomás Zavala González presentó ante el Congreso del Estado la iniciativa para expedir la Ley de Manejo del Fuego en Ecosistemas Forestales de San Luis Potosí, una propuesta que busca transformar el enfoque actual de combate por uno de prevención, planeación y gestión de riesgos.
El legislador explicó que esta nueva legislación sustituirá la norma vigente desde 2013, la cual ha quedado rebasada frente al aumento de incendios de gran magnitud registrados en los últimos años. La iniciativa se alinea con los principios de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y la Norma Oficial Mexicana NOM-015-SEMARNAT/AGRICULTURA-2023, integrando criterios técnicos, científicos y ambientales de alcance nacional.
Zavala González detalló que el proyecto propone la creación de un Sistema Técnico Estatal de Clasificación de Riesgo, que permitirá identificar zonas vulnerables y actuar de forma anticipada ante posibles siniestros. De igual forma, se redefine la coordinación institucional: la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM) asumiría el papel rector en materia de manejo del fuego, mientras que la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (SEDARH) enfocará sus funciones en el ámbito rural, evitando duplicidad de responsabilidades.
La propuesta también establece una regulación técnica del uso del fuego, distinguiendo entre quemas controladas y quemas prescritas, ambas sujetas a planes operativos, certificación de personal y un Calendario Estatal de Quemas obligatorio. Con ello, se busca que esta práctica deje de ser empírica y se convierta en una herramienta segura y sustentable.
Otro punto relevante es el fortalecimiento de la participación ciudadana, mediante la consolidación del Comité Técnico de Incendios Forestales, que integrará a instituciones, comunidades y especialistas.
Finalmente, la ley plantea un régimen sancionador más estricto, con multas que podrían alcanzar las 5,000 UMA, la revocación de permisos y la obligación de reparar los daños ambientales ocasionados. Con esta propuesta, San Luis Potosí avanzaría hacia un modelo moderno y responsable en la protección de sus ecosistemas forestales.
