Con el propósito de fortalecer la protección de las víctimas y mejorar los procesos de atención institucional, la diputada Roxanna Hernández Ramírez presentó una iniciativa para reformar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de San Luis Potosí. La propuesta plantea incorporar de manera expresa el concepto de revictimización dentro del marco jurídico estatal.

La legisladora explicó que esta modificación busca establecer una definición clara de revictimización, entendida como aquellas acciones u omisiones que, de forma intencional o no, generan un nuevo daño o prolongan el sufrimiento de una persona que ya ha enfrentado una situación de violencia, un delito o una vulneración de sus derechos.

De acuerdo con la iniciativa, este fenómeno puede presentarse durante los procesos de denuncia, atención, investigación o resolución de los casos, cuando la actuación de autoridades, instituciones, medios de comunicación o incluso del entorno social reproduce dinámicas que agravan el impacto de la situación inicial.

Hernández Ramírez señaló que actualmente la legislación estatal no contempla de forma explícita este concepto, lo que genera un vacío legal que dificulta establecer responsabilidades claras en los procesos de atención a víctimas. Aunque en diversos espacios institucionales se reconoce la importancia de evitar estas prácticas, la ausencia de una definición dentro de la ley limita la posibilidad de prevenirlas o sancionarlas de manera efectiva.

La propuesta busca que, al incorporar este término en la legislación, exista un parámetro jurídico que obligue a las autoridades a identificar, prevenir y atender cualquier situación que implique revictimización dentro de los procedimientos institucionales.

Asimismo, la diputada destacó que esta problemática afecta particularmente a mujeres, niñas, niños y adolescentes, quienes al acudir a las instituciones en busca de apoyo, protección o justicia pueden enfrentar nuevamente situaciones que intensifican el impacto emocional y social de los hechos que originaron la denuncia.

La iniciativa también subraya la importancia de que las instituciones actúen bajo principios como la dignidad humana, la debida diligencia, el interés superior de la niñez, así como la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos.

El proyecto fue turnado a la Comisión de Igualdad de Género del Congreso del Estado, donde será analizado para determinar su viabilidad y posible incorporación al marco legal vigente.