Una iniciativa presentada por la diputada del PT, Jaquelinn Jáuregui Mendoza y de los legisladores del PVEM, Héctor Serrano Cortés y César Arturo Lara Rocha que busca reformar el Código Civil del Estado de San Luis Potosí para que el aumento anual a las rentas no sea mayor al índice de Precios al Consumidor fue enviada a la Comisión Legislativa Segunda de Justicia.

La propuesta menciona que actualmente el Código Civil del Estado de San Luis Potosí regula los contratos de arrendamiento, sin embargo, no establece límites claros respecto al incremento anual de la renta en las viviendas destinadas a habitación. Esta omisión ha permitido que, en la práctica, se presenten aumentos desproporcionados que afectan la estabilidad económica de las familias y generan incertidumbre en las relaciones contractuales entre arrendadores y arrendatarios.

Por ello, la iniciativa tripartita que propone reformar el artículo 2282 del Código Civil del Estado de San Luis Potosí busca establecer mecanismos que permitan equilibrar de manera justa los derechos y obligaciones de ambas partes, garantizando condiciones de mayor certidumbre, transparencia y estabilidad en el mercado de arrendamiento y que el incremento anual en las rentas de viviendas destinadas a habitación no podrá exceder la inflación reportada por el Banco de México en el año natural inmediato anterior. 

Al hacer la presentación en Tribuna, la diputada Jaquelinn Jáuregui mencionó que la justicia social y reducir las brechas de desigualdad también se procura desde las leyes, "un paso para que nadie tenga que abandonar su hogar con un aumento injustificado de la renta, un paso para que las familias puedan planear su futuro con mayor certeza y un paso más hacia lo que nuestro gobernador nos ha encomendado en la construcción de este proyecto de gobierno, hacia un San Luis Potosí sonde el desarrollo económico vaya siempre acompañado de nuestro bienestar social", expresó.

Por su parte, el coautor de la iniciativa, diputado Héctor Serrano Cortés señaló que la inflación determina los aumentos en prácticamente todos los servicios y no es justo que no se aplique a las rentas de casa habitación, donde muchos ciudadanos y ciudadanas hacen un sacrificio inmenso para pagar el arrendamiento de las viviendas donde habitan y está en riesgo el arraigo que tienen con su comunidad cuando el arrendador les impone un aumento de hasta el 30 por ciento.

"Si afectaría de forma directa los bolsillos de la clase trabajadora, de los ciudadanos y ciudadanas para atender sus necesidades primarias y la vivienda es una necesidad primaria, es un derecho humano y lo que estamos haciendo es que todo sea conforme a una posibilidad inflacionaria y no ante una actitud caprichosa de quien determine un precio de renta como consecuencia de su voluntad, lo hacemos a favor por supuesto de las potosinas y potosinos y que sepan que en el Congreso nuestra principal función es respaldar los intereses de la clase popular; indicó.