El Gobierno del Estado, a través de los Servicios de Salud y en coordinación con el Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes (COEPRA), fortalece las acciones orientadas a proteger la vida de los potosinos mediante políticas públicas de movilidad segura. Durante la sesión ordinaria del consejo, encabezada por Leticia Gómez Ordaz, titular de la dependencia, se informó que en 2025 la mortalidad por accidentes de tránsito registró una disminución del 3.07 por ciento, reflejando el impacto positivo de estas estrategias.
COEPRA, presidido por el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, integra a 23 participantes de los tres órdenes de gobierno, así como representantes del sector social y privado, consolidándose como un espacio de colaboración interinstitucional para impulsar acciones preventivas y mejorar la seguridad vial en todo el estado.
Entre los avances destacados, se encuentra la creación de una red estatal de 104 auditores viales, encargados de realizar 12 auditorías para identificar riesgos en la infraestructura carretera que puedan derivar en accidentes. Además, se fortalecieron los puntos de medición de alcoholimetría, con reportes periódicos en la capital y en Soledad de Graciano Sánchez, extendiendo esta estrategia a municipios como Matehuala, Mexquitic, Ciudad Valles, Rioverde y Tamazunchale.
Otro componente clave es el programa de capacitación de Primer Respondiente en Primeros Auxilios, que tiene como objetivo formar a mil 500 personas durante 2026. Esta iniciativa permitirá brindar atención inmediata a víctimas de incidentes viales, mejorando la capacidad de respuesta y reduciendo la gravedad de lesiones en accidentes de tránsito.
Gómez Ordaz enfatizó que la prevención de accidentes no solo depende de la autoridad, sino de la participación activa de la ciudadanía, al respetar normas de tránsito, manejar con precaución y fomentar la educación vial desde temprana edad.
Con estas acciones, San Luis Potosí consolida una estrategia integral de movilidad segura que combina infraestructura, capacitación, vigilancia y conciencia ciudadana, reafirmando el compromiso del Gobierno estatal de proteger la vida y el bienestar de sus habitantes.
