Integrantes de distintas organizaciones defensoras de animales entregaron más de 17 mil firmas ciudadanas al Congreso del Estado de San Luis Potosí para respaldar la iniciativa conocida como “Ley Hope”, una propuesta que busca fortalecer las sanciones penales contra el maltrato animal en la entidad. La documentación fue presentada ante los diputados Leticia Vázquez Hernández y Luis Felipe Castro Barrón, quienes forman parte de la Comisión Primera de Justicia.
Representantes de colectivos animalistas señalaron que la recolección de firmas refleja el respaldo social que existe para endurecer las sanciones contra quienes incurran en actos de crueldad hacia los animales. Karla García Tello, integrante de la Asociación Protectora de Animales Huella Amiga, explicó que hasta el momento se han reunido alrededor de 10 mil 500 firmas físicas obtenidas directamente entre la ciudadanía, además de 6 mil 200 apoyos adicionales a través de la plataforma digital Change.org.
La activista destacó que el objetivo de esta movilización ciudadana es evidenciar que la exigencia de sanciones más severas no proviene únicamente de asociaciones protectoras de animales, sino que también responde a una preocupación creciente entre la sociedad potosina ante los casos de violencia contra mascotas y animales domésticos registrados en los últimos años.
Por su parte, Ana María Gómez Escamilla, integrante de la organización Perros Extraviados en Situación Crítica San Luis Potosí, explicó que la iniciativa contempla aumentar las penas de prisión de cuatro a ocho años en los casos más graves de maltrato animal. Además, se propone incorporar agravantes que permitirían incrementar hasta en un 50 por ciento las sanciones cuando se presenten circunstancias particularmente violentas.
Entre los agravantes considerados se encuentran actos de zoofilia, episodios de violencia extrema o sadismo, grabar o difundir agresiones contra animales en redes sociales, cometer estos hechos frente a menores de edad o que el responsable sea un servidor público. De aprobarse estos cambios, las penas superiores a cinco años impedirían que los responsables accedan a salidas alternas mediante reparación del daño, obligándolos a enfrentar prisión.
Las organizaciones impulsoras señalaron que esta propuesta surge tras diversos casos de crueldad animal registrados en el estado, especialmente el de Hope, una perrita que fue brutalmente asesinada en abril del año pasado. Los colectivos esperan que el Congreso analice la iniciativa y pueda aprobarla antes de que se cumpla un año de ese caso, considerado emblemático en la lucha por fortalecer la protección animal en la entidad.
