El titular de la Secretaría de Vivienda de la Ciudad de México, Inti Muñoz, afirmó que hasta el momento no existe certeza sobre si la Alcaldía Cuauhtémoc rechazó o autorizó la licencia para la demolición del edificio ubicado en la calzada San Antonio Abad, inmueble que colapsó recientemente mientras se realizaban trabajos de derribo y que dejó un saldo de tres trabajadores fallecidos y uno más lesionado.
El funcionario respondió así a los señalamientos realizados por la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, quien difundió en redes sociales un documento que, según su interpretación, demostraría que la alcaldía había negado el permiso para realizar la demolición del inmueble.
Muñoz explicó que el documento presentado corresponde a un procedimiento administrativo denominado “publicitación vecinal para licencia de construcción especial de demolición”. Este mecanismo forma parte del proceso de autorización y tiene como objetivo informar a la comunidad sobre las obras proyectadas, además de requerir a la empresa responsable la entrega de documentación técnica, como planos estructurales, memorias de cálculo y otros requisitos que deben presentarse en un plazo determinado.
El secretario indicó que, tras analizar el documento difundido, no se puede concluir que exista una negativa formal por parte de la alcaldía para llevar a cabo los trabajos de demolición. En ese sentido, señaló que corresponde a la autoridad local precisar si finalmente otorgó o no la licencia y si se realizaron las verificaciones correspondientes durante el desarrollo de las obras.
Asimismo, explicó que cuando se trata de predios privados con uso no habitacional —como oficinas o establecimientos comerciales— la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México únicamente puede ofrecer facilidades administrativas o fiscales, pero dichas acciones no sustituyen los permisos obligatorios que deben tramitarse ante las alcaldías para ejecutar obras o demoliciones.
De acuerdo con la Secretaría de Vivienda, el 20 de octubre de 2025 se notificó a la alcaldía sobre la aplicación de dichas facilidades administrativas en ese predio. En caso de autorizarse la demolición, la demarcación debía verificar que la obra contara con un programa avalado por un Director Responsable de Obra, un plan de protección civil, seguros por daños a terceros y medidas de seguridad para los edificios colindantes.
El inmueble, que presentaba afectaciones estructurales desde los sismos registrados en Terremoto de México de 1985 y en el Terremoto de Puebla de 2017, colapsó mientras se realizaban trabajos de demolición, lo que abrió un debate entre autoridades capitalinas y locales sobre las responsabilidades en la autorización y supervisión de los trabajos.