La Coordinación General de Servicios Parlamentrarios y el Instituto de Investigación y Evaluación Legislativa, ambos del Congreso del Estado de San Luis Potosí, iniciaron una disputa interna por las oficinas del segundo piso del edificio de Plenos "Ponciano Arriaga Leija", en donde incluso el titular de la primera área mencionada, Iván Alejandro Alarcón Villegas fue denunciado ante el Órgano Interno de Control acusado de violentar a empleados y empleadas legislativas con el fin de apoderarse del espacio en controversia.

De acuerdo a copias de documentación oficial que obra en poder de este reportero, cuando el 12 de marzo la presidenta de la Directiva, diputada Sara Rocha Medina envió un oficio a la titular de la Oficialía Mayor, Dolores Eliza García Román, con copia al titular de la Coordinación de Servicios Internos, Maximino Jasso Padrón, donde alude a un supuesto acuerdo tomado dos días antes en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para que Servicios Parlamentarios ocupe las instalaciones del Instituto y donde está el Archivo del Congreso del Estado, por lo que le instruye que a la brevedad se lleve a cabo el traslado.

Ese mismo día, mediante oficio 347/2026 la oficial mayor le notifica al coordinador del Instituto de Investigación y Evaluación Legislativa, Óscar Samir Ramírez Macías que Servicios Internos e Informática llevarán a cabo el traslado.

Sin embargo, el 17 de marzo, es decir ayer, previo al inicio de la Sesión Ordinaria, el coordinador y el presidente del Instituto, diputado Carlos Artemio Arreola Mallol enviaron el escrito IIEL/86/2026 a la presidenta del Congreso, Sara Rocha Medina, donde objetan la medida con el argumento de que ni la Directiva ni Oficialía Mayor tienen atribuciones administrativas para reubicar áreas, además de que destacan el riuesgo de que en el traslado se dañen bienes públicos y documentos históricos que obran en el Archivo legislativo, lo que exige que haya un cuidadoso procedimiento de Entrega-Recepción del área.

Pero además,  Óscar Samir Ramírez Macías y el diputado Carlos Artemio Arreola Mallol, acusan que el 11 de marzo, es decir un día antes de que se ordenara oficialmente la reubicación, el coordinador de Servicios Parlamentarios, Iván Alejandro Alarcón Villegas, acudió al área que aún ocupa el Instituto e intimidó a colaboradores para que desocuparan los espacios, "tal proceder resulta inadmisible en una institución pública y representa una forma impropia de intervención en un ámbito que no le corresponde materialmente ejecutar" y más adelante establecen que la conducta de Alejandro Alarcón "vulnera los principios y reglas mínimas de actuación que rigen el servicio público en el Congreso del Estado" de disciplina y respeto hacia otras personas servidoras públicas con quienes incurrió "en agravio, desviación y abuso de autoridad".

El presidente y el coordinador del Instituto de Investigación y Eevaluación Legislativa le hacen saber a la presidenta del Congreso que no únicamente objetan el contenido del oficio 347/2026 que ordena el desalojo del espacio que hoy ocupan sino que han dado vista de ello y de las conductas del coordinador de Servicios Parlamentarios al Órgano Interno de Control para que determine lo que en derecho y que realice "las diligencias que estime pertinentes y se deslinden la responsabilidades administrativas que en su caso correspondan".