Por unanimidad, las y los integrantes de la Comisión de Gobernación del Congreso del Estado aprobaron una reforma al artículo 7 de la Ley de Juicio Político de San Luis Potosí, con el objetivo de armonizar la legislación local con los cambios establecidos en la reforma judicial federal de 2024.

La diputada María Leticia Vázquez Hernández explicó que esta modificación responde a la necesidad de actualizar el marco normativo estatal tras los ajustes realizados al artículo 110 de la Constitución, donde se incorporaron nuevas figuras del Poder Judicial como sujetos de responsabilidad política.

La legisladora detalló que, previo a esta adecuación, existía un vacío legal en la normativa estatal, ya que no se contemplaba a integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial ni del órgano de administración judicial dentro del catálogo de servidores públicos susceptibles de juicio político. Esta omisión, advirtió, podría generar inconsistencias en materia de seguridad jurídica y afectar el sistema de responsabilidades públicas.

Con la reforma aprobada en comisión, se amplía y actualiza dicho catálogo, incorporando de manera expresa a estas nuevas figuras judiciales. Asimismo, se realizaron ajustes técnicos en la redacción de la ley, incluyendo el uso de lenguaje incluyente y precisiones en la estructura orgánica del texto legal.

Vázquez Hernández subrayó que esta actualización no representa una ampliación indebida de las facultades del Congreso, sino una armonización necesaria para mantener la congruencia con el marco constitucional federal. En este sentido, destacó que la reforma contribuye a fortalecer los mecanismos de control político, al evitar posibles zonas de impunidad y garantizar que todas las autoridades, incluidas las de reciente creación, estén sujetas a rendición de cuentas.

Además, se mantienen dentro del catálogo de sujetos a juicio político a funcionarios como el gobernador, diputadas y diputados, magistraturas, fiscales y presidentes municipales, entre otros servidores públicos.

El dictamen será turnado al Pleno del Congreso del Estado para su análisis y eventual votación. De ser aprobado, permitirá consolidar un sistema más sólido en materia de responsabilidades públicas, respetando el principio de equilibrio entre los distintos poderes del Estado.