Alrededor de 600 piperos en San Luis Potosí están inconformes con la actualización de la Ley de Aguas Nacionales, afirmó Raúl Torres Mendoza, consejero de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (Amotac). Según presumió, el artículo 123 BIS III del documento federal, criminaliza la labor de hasta 350 mil transportistas de agua en todo México.

La reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación desde el 11 de diciembre de 2025, especifica en el apartado  mencionado que: "se perseguirá de oficio a quién dolosamente traslade aguas nacionales, extraídas de forma ilegal con fines de lucro". Cuyas penas varían entre los tres a ocho meses de prisión así como sanciones económicas.

Sobre esto, Torres Mendoza informó que en la entidad, existen 30 pozos que abastecen al servicio de pipas. Sin embargo, sostuvo que la sobreexplotación de caudales hídricos es mucho más grave en uso particular de otros establecimientos como hoteles, a los que no obstante, dijo, no se les regula.

"Yo le pregunto a las autoridades: ¿Tendrán la infraestructura para darnos agua a 600 pipas?", cuestionó. A su vez previniendo que la persecución del transportista podría derivar en una crisis del abastecimiento de agua. Sobre todo en zonas donde el encarecimiento de este servicio es crítico, como en la zona metropolitana. 

"La ciudad crece más rápido que la oferta de servicios... Pongámonos de acuerdo para trabajar juntos. Ese es el llamado que yo hago a las autoridades: no criminalizar el transporte", agregó.

Por último mencionó que para el martes 24 de marzo, se prevé una movilización de transportistas a nivel nacional. Quienes llegarán al Congreso del Unión con el fin de presentar una iniciativa de reforma al documento legal. Advirtió que de no recibirse una respuesta positiva, en junio del presente año se organizarán bloqueos carreteros en todo el país.