La lucha contra la discriminación dio un paso institucional clave. La Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación formalizaron una alianza que pretende incidir directamente en la forma en que se imparte justicia en el país, colocando la igualdad como eje central de las decisiones judiciales.

Más allá de la firma, el acuerdo apunta a un cambio de fondo: que jueces y magistrados integren criterios de igualdad sustantiva y respeto al pluralismo jurídico en sus resoluciones. La intención es que el acceso a la justicia deje de ser desigual para sectores históricamente marginados y se convierta en una herramienta efectiva de inclusión.

El acto reunió a figuras clave del ámbito judicial y de derechos humanos, entre ellas el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz y la titular del Conapred Claudia Olivia Morales Reza, quienes coincidieron en que este tipo de acuerdos buscan responder a una deuda histórica con grupos vulnerables.

En este contexto, la participación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí refuerza una apuesta más amplia: construir un sistema judicial que no solo resuelva conflictos, sino que también reconozca las desigualdades y actúe para corregirlas. La alianza, en ese sentido, no es solo un documento firmado, sino una declaración de hacia dónde debería evolucionar la justicia en México.