Con el objetivo de proteger a las víctimas de delitos patrimoniales, la diputada Gabriela Martínez Vázquez presentó una iniciativa para modificar la Ley de Tránsito del Estado y establecer que las personas afectadas por el robo de su vehículo queden exentas de pagar servicios de arrastre y resguardo.

La propuesta contempla adicionar un párrafo al artículo 61, con el fin de garantizar que, una vez presentada la denuncia correspondiente, no se generen cargos por el traslado ni por la estancia del vehículo en depósitos oficiales, al considerar que estos gastos no deben recaer en quien fue víctima del delito.

La legisladora argumentó que el robo de vehículos es uno de los ilícitos con mayor impacto económico y social en la entidad, por lo que resulta necesario revisar los procedimientos administrativos que actualmente obligan a los propietarios a cubrir costos adicionales para recuperar sus unidades.

Explicó que cuando un vehículo robado es localizado por las autoridades, este es asegurado y trasladado a un corralón como parte de las investigaciones, con el objetivo de preservar evidencias y garantizar su disponibilidad durante el proceso penal. Sin embargo, subrayó que este procedimiento no responde a una falta administrativa del dueño, sino a la acción delictiva de un tercero.

En ese sentido, indicó que exigir el pago por estos servicios representa una carga económica injustificada, que agrava el daño patrimonial sufrido por la víctima y puede considerarse una forma de revictimización institucional.

Además, la iniciativa advierte que la acumulación de vehículos en depósitos también genera problemáticas operativas, como saturación de espacios, deterioro de unidades y posibles pérdidas de piezas, lo que podría derivar en responsabilidades para las autoridades encargadas de su resguardo.

La propuesta fue turnada a la Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transportes para su análisis, donde se evaluará su viabilidad jurídica y su impacto en el sistema de administración vehicular.

Finalmente, Martínez Vázquez destacó que esta medida busca generar condiciones más justas para la ciudadanía, al evitar que quienes ya han sido afectados por un delito enfrenten costos adicionales para recuperar su patrimonio.