La fragilidad del sistema eléctrico cubano volvió a hacerse evidente este fin de semana, cuando un nuevo apagón dejó sin luz a toda la isla por segunda vez en menos de siete días. El corte masivo afectó a más de 10 millones de personas y obligó a las autoridades a activar protocolos de emergencia para restablecer el servicio de forma gradual.

El colapso se originó tras una falla en una unidad de la central termoeléctrica de Nuevitas, en la provincia de Camagüey, lo que provocó una reacción en cadena que desconectó por completo la red nacional. Este tipo de fallas refleja el deterioro acumulado en la infraestructura energética, donde varias plantas operan con limitaciones o fuera de servicio.

Más allá del incidente técnico, el trasfondo es estructural: la isla enfrenta una severa escasez de combustible que complica la generación eléctrica y retrasa la recuperación del sistema. La falta de diésel y fueloil ha dejado inactivos mecanismos clave para reactivar la red, lo que convierte cada apagón en un proceso más largo y complejo.

En la vida cotidiana, el impacto es inmediato. Cortes de energía que pueden extenderse por horas o incluso días afectan el suministro de agua, los servicios de salud y la conservación de alimentos, alimentando el descontento social. En este escenario, la crisis eléctrica no solo es técnica, sino también un reflejo de las tensiones económicas y políticas que atraviesa el país.