El feminicidio vuelve al centro de la agenda nacional, pero ahora desde un intento por reorganizar la forma en que se enfrenta. El gobierno federal presentó una iniciativa para crear una Ley General que unifique criterios en todo el país, con la intención de cerrar brechas entre estados y atacar uno de los principales problemas: la impunidad.

La propuesta busca que todas las fiscalías operen bajo un mismo marco legal, con protocolos homologados para investigar, sancionar y prevenir este delito. La lógica es clara: evitar que cada entidad maneje el feminicidio de forma distinta y garantizar que cualquier muerte violenta de una mujer sea tratada bajo estándares comunes y con perspectiva de género.

Entre los puntos centrales, se establece una definición más precisa del delito basada en razones de género, que incluyen violencia sexual, antecedentes de agresión, relaciones de poder o exposición del cuerpo. Además, se contemplan penas de entre 40 y 70 años de prisión, así como sanciones para casos en grado de tentativa, endureciendo el castigo frente a este tipo de violencia.

Más allá del componente legal, la iniciativa también apunta a una transformación estructural. No solo se trata de castigar, sino de prevenir y reparar el daño, incorporando políticas públicas que obliguen a las instituciones a actuar de forma coordinada. En un país donde el feminicidio ha sido una herida persistente, el reto no será solo aprobar la ley, sino hacerla efectiva en la vida real.