La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su inconformidad por el incremento en los precios del diésel y la gasolina premium, al señalar que los estímulos fiscales vigentes deberían impedir aumentos significativos. Durante su conferencia matutina, la mandataria afirmó que algunos distribuidores han elevado los costos aprovechando el contexto internacional, lo que podría afectar directamente a la economía del país.

Sheinbaum indicó que, tras detectar variaciones en los precios durante una gira reciente, solicitó a la Secretaría de Energía y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público convocar a representantes del sector gasolinero para analizar la situación. La presidenta enfatizó que el alza del diésel impacta de manera directa en el transporte de mercancías, lo que puede traducirse en incrementos en diversos productos y servicios.

De acuerdo con la mandataria, aunque México importa parte del diésel que consume, existen mecanismos fiscales como el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios que funcionan como estímulos para evitar incrementos abruptos. En ese sentido, consideró que los aumentos registrados no se justifican completamente y deben revisarse para garantizar que los beneficios fiscales se reflejen en el precio final al consumidor.

La presidenta aclaró que su administración no pretende establecer controles directos sobre los precios, pero sí vigilar que no se presenten prácticas abusivas. Señaló que la Procuraduría Federal del Consumidor mantendrá la supervisión de las estaciones de servicio para asegurar que los costos sean acordes con las condiciones del mercado y con los incentivos otorgados.

Asimismo, Sheinbaum subrayó que el objetivo es evitar que los subsidios se conviertan en ganancias adicionales para algunos distribuidores. Añadió que el diálogo con los empresarios permitirá revisar los márgenes de comercialización y establecer acuerdos que favorezcan la estabilidad en los precios de los combustibles.

El gobierno federal reiteró que continuará monitoreando el comportamiento del mercado energético, con la finalidad de proteger la economía familiar y evitar impactos negativos en sectores productivos que dependen del diésel y la gasolina premium.