Al comparecer con motivo de su Informe 2025, el titular de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP), José Gerardo Navarro Alviso propuso ante diputados que los funcionarios responsables de los 254 sujetos obligados que no cumplan con la transparencia no únicamente paguen una multa de 175 mil pesos como actualmente marca la ley, sino que sean inhabilitados.

Durante la sesión de la Comisión Legislativa de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el titular de la CEGAIP destacó que esa sería su última comparecencia toda vez que en menos de tres meses el organismo desaparecerá por Decreto para dar paso a un subsistema de transparencia multi institucional.

Navarro Alviso explicó a las y el diputado presentes que actualmente han impuesto sanciones a 20 sujetos obligados que no cumplen con sus obligaciones de transparencia que van desde la amonestación pública hasta una multa de 175 mil pesos, pero lamentó que muchos de los sancionados con pagar la sanción dejan de publicar la información requerida, lo que ha ocasionado múltiples quejas de los usuarios.

"Por esta razón estamos preparando una propuesta justamente de cara a estos 120 días que la Comisión y el Congreso tienen para emitir las leyes secundarias de cara al nuevo organismo en materia de transparencia, sería idóneo que se tomaran medidas más allá de las sanciones como multas, pensar en la inhabilitación de los servidores públicos", estableció.

Ya encarrerado, el titular de la CEGAIP señaló que la resistencia a la transparencia está principalmente en los municipios, en los organismos operadores de agua y en un partido político, la mayoría por desconocer la normatividad, por el cambio de servidores públicos cada tres años, por lo que también propuso que los responsables de las unidades municipales de Transparencia sean inamovibles.

El comisionado presidente de la CEGAIP mencionó que los sujetos obligados incumplidos en sus obligaciones en materia de transparencia, también deben ser sancionados con la reducción de presupuesto para el ejercicio fiscal siguiente.

"Medidas de apremio, por qué no pensar en un castigo del presupuesto público, finalmente es rendición de cuentas, esto implicaría a lo mejor una obligación por parte de los sujetos obligados de hacer un poco más patente este derecho", apuntó.