En un movimiento histórico, la Cámara de Diputados dio luz verde a la reforma del artículo 127 constitucional, con la que se pretende eliminar las pensiones consideradas “doradas”, aquellas que superan los 70 mil pesos mensuales para exservidores públicos de confianza en empresas estatales y banca de desarrollo. La iniciativa, aprobada por unanimidad en lo general, busca equilibrar la distribución de recursos y reducir los privilegios financieros de una minoría que recibía pagos desproporcionados.

La aprobación no estuvo exenta de tensión. Durante la sesión en San Lázaro, un grupo de jubilados de la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos intentó irrumpir en el recinto, derribando vallas y causando destrozos en mobiliario de seguridad antes de retirarse. Este episodio refleja la resistencia de algunos sectores ante cambios que afectan derechos históricos, aunque la reforma apunta únicamente a pensiones consideradas excesivas.

Morena defendió la enmienda como un paso necesario para la equidad fiscal, mientras legisladores de PRI, PAN, MC y ciertos aliados del oficialismo alertaron sobre riesgos de retroactividad y desigualdad, ya que algunas pensiones de ministros y fuerzas armadas quedan fuera de la medida. El debate evidencia un choque entre la necesidad de justicia financiera y la protección de derechos adquiridos, una tensión que marcará la siguiente fase de discusión.

La discusión en lo particular contará con más de 90 oradores, quienes evaluarán reservas para asegurar que la reforma se concentre únicamente en los casos de privilegios desmesurados, sin afectar a jubilados con pensiones legítimas. La medida se perfila como un ajuste al gasto público y un mensaje claro sobre el límite de beneficios extraordinarios en el sector público.