La discusión electoral en México entró en una nueva fase con la llegada del denominado “Plan B” a la Cámara de Diputados, una propuesta que, más allá de su contenido técnico, revela tensiones políticas y ajustes estratégicos dentro del propio oficialismo. El proyecto busca avanzar donde la reforma original no logró consenso, pero lo hace con un alcance más acotado.

Uno de los cambios más relevantes es la modificación en los tiempos de la revocación de mandato presidencial, que se mantendría hasta 2028, descartando la posibilidad de adelantarla para coincidir con el proceso electoral intermedio. Esta decisión reconfigura el calendario político y evita que ambos ejercicios se mezclen en un mismo momento de competencia.

El planteamiento también incluye medidas de austeridad enfocadas en la estructura del sistema político. Entre ellas destacan la reducción de regidores en ayuntamientos, límites al gasto de los congresos estatales y topes salariales para funcionarios electorales, con la intención de recortar costos y redirigir recursos hacia otras áreas.

Sin embargo, el avance del proyecto no ha estado exento de fricciones. Diferencias entre aliados legislativos obligaron a recortar puntos clave de la iniciativa original, lo que ha derivado en una versión más moderada. En este escenario, la reforma deja ver un equilibrio entre ambición política y viabilidad legislativa, en medio de un debate que sigue abierto sobre el rumbo del sistema electoral en el país.