El incendio ocurrido en Santo Domingo a inicios de febrero, ha sido el siniestro más grande registrado en San Luis Potosí este 2026, con 15 mil 300 hectáreas quemadas de acuerdo con la Comisión Nacional Forestal (Conafor). A un mes de la emergencia, el ayuntamiento municipal aún investiga los por menores de lo sucedido para deslindar responsabilidades y aplicar sanciones severas.

Filiberto Rodríguez Alvarado, alcalde de la municipalidad señaló que a través de un programa de reforestación en conjunto con la Conafor y Gobierno del Estado, se plantarán 800 árboles de diferentes especies en la zona norte -la más afectada- del Altiplano. Entre ellos se incluyen, cactáceas, ejemplares de pino piñonero, huizache, cedro y palmas. De estos, 300 unidades fueron donadas este viernes por la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam).

El edil municipal señaló que aunque el daño fue visiblemente mayor en masa, en comparación con el resto del Estado; la recuperación del terreno será más sencilla que en otras áreas boscosas como la Huasteca.

"La ventaja de nuestros terrenos es que fueron pastos, el ciclo del pasto es cada año. Este mismo año, si llueve, se va a reforestar muy rápido", explicó.

Sobre la investigación del incendio, Rodríguez Alvarado informó que los propietarios de dos ranchos vecinos podrían ser los responsables. Las pérdidas por otra parte, reportó que afectaron únicamente propiedades privadas. 

"Fue una actividad pecuaria, en el área donde inició no se tiene determinado si fue en uno u otro... Aunque existe la negativa de reconocer sabemos que prendieron una fogata para herrar ganado... Con datos oficiales, solo la primer noche sabemos que el fuego avanzó 9 mil hectáreas", relató.

La emergencia que escaló rápidamente a crisis, afortunadamente, logró ser contenida en tiempo récord -tres días con la activación del Plan DN III de las fuerzas armadas-, gracias al apoyo de autoridades federales, estatales, municipales y de voluntarios. En total, detalló que el cuerpo de auxilio lo conformaron 600 ejidatarios, 300 brigadistas municipales y de Protección Civil; así como entre una a dos centenas de funcionarios nacionales. 

Antes de presentar su denuncia a la Fiscalía General del Estado o la Fiscalía General de la República, Rodríguez Alvarado aclaró que el ayuntamiento, primero, esclarecerá lo sucedido. Una vez hecho esto, apartó que buscarán aplicar las debidas sanciones -como multas y la reparación del daño-, con el fin de establecer un antecedente en la provocación de incendios.