Con el propósito de garantizar una protección efectiva y homogénea frente a la violencia sexual digital, las y los integrantes de los Grupos Parlamentarios del PVEM y del PT presentaron ante el Pleno del Congreso del Estado iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Código Penal, misma que fue turnada para su análisis y dictaminación a la Comisión Legislativa de Igualdad de Género y a la Comisión Legislativa Primera de Justicia.

En su Exposición de Motivos la iniciativa refiere que el avance acelerado de las tecnologías digitales ha traído consigo la aparición de nuevas modalidades de violencia que se desarrollan en entornos virtuales, entre ellas la violencia digital que se ha consolidado como una manifestación contemporánea de la violencia de género, ya que mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación se realizan conductas como el hostigamiento, la intimidación, la difusión de contenido íntimo sin consentimiento y otras acciones que vulneran la dignidad, privacidad y seguridad de las personas, particularmente de las mujeres y de grupos en condición de vulnerabilidad.

Con cifras del INEGI se plasma que durante el año 2024 alrededor de 18.9 millones de personas usuarias de internet en México fueron víctimas de alguna forma de ciberacoso, lo que representa aproximadamente el 21 por ciento de la población digital mayor de 12 años. De este total, más de 10.6 millones corresponden a mujeres, lo que refleja que este tipo de agresiones afecta de manera desproporcionada a la población femenina dentro de los espacios digitales; que cerca del 29 por ciento de las mujeres que han experimentado violencia digital han recibido insinuaciones o propuestas sexuales no deseadas, mientras que alrededor del 27.5 por ciento ha sido expuesta a material de carácter sexual sin su consentimiento. 

En el análisis estatal, la iniciativa cita diversos reportes estadísticos indican que San Luis Potosí se ubica entre las entidades federativas con mayores niveles de ciberacoso en el país, registrando aproximadamente una prevalencia del 26.9 por ciento entre personas usuarias de internet, cifra que incluso supera el promedio nacional.

En la presentación en Tribuna, la diputada Roxanna Hernández Ramírez destacó que en San Luis Potosí la dignidad y la privacidad de las mujeres son inquebrantables, "se destaca el trabajo comprometido de la senadora Ruth González Silva quien hace unos días en la conferencia de Olimpia Coral Melo nos acompañó y también nos compartió que ella como mujer ha padecido la violencia digital y es una mujer que desde la Tribuna del Senado de la República se ha hecho clara en proteger los derechos de las mujeres, en reducir las brechas de violencia y promover entornos seguros tanto en el ámbito físico como en el digital, su labor ha sido clave para visibilizar esta problemática y alcanzar soluciones concretas", indicó.

La propuesta plantea robustecer la tipificación del delito de violación a la intimidad sexual, así como incorporar circunstancias agravantes que contemplen situaciones en las que el daño a la víctima se incrementa, tales como la existencia de relaciones de confianza, el abuso de posiciones de poder, la obtención de beneficios económicos o la afectación grave a la integridad física o psicológica de la persona afectada.Con estas modificaciones se pretende garantizar una respuesta penal  más eficaz frente a las agresiones digitales, establecer un mensaje institucional claro de rechazo absoluto a este tipo de conductas y fortalecer la protección de los derechos fundamentales de las personas en los entornos digitales.

De igual forma, la iniciativa reconoce que el derecho a la intimidad sexual forma parte del derecho humano a la privacidad, a la dignidad y al libre desarrollo de la personalidad. En consecuencia, su protección constituye una obligación fundamental del Estado y un elemento indispensable para la construcción de una sociedad más equitativa, respetuosa de los derechos humanos y libre de violencia.

Por ello, la presente propuesta legislativa busca contribuir al fortalecimiento de un marco normativo que responda a los desafíos de la era digital, garantizando que las tecnologías de la información y comunicación sean utilizadas como herramientas de desarrollo, libertad y participación social, y no como medios para ejercer violencia, discriminación o vulnerar los derechos de las personas.