Con el objetivo de fortalecer el marco jurídico en San Luis Potosí, fueron presentadas diversas iniciativas durante sesión ordinaria del Congreso del Estado, entre ellas una propuesta para reforzar las sanciones en materia de violencia digital y tipificar el delito contra la dignidad corporal y la autonomía estética. La diputada Roxanna Hernández Ramírez, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, impulsó modificaciones al Código Penal estatal y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el propósito de actualizar las disposiciones ante los retos derivados del uso de tecnologías digitales.
La propuesta contempla robustecer la tipificación de la difusión ilícita de imágenes íntimas, incorporándola como violación a la intimidad sexual. Se establece que quien comparta, publique o distribuya material íntimo sin consentimiento podrá enfrentar penas de tres a seis años de prisión, además de multas económicas. Asimismo, se incluyen agravantes cuando exista relación de confianza, abuso de poder, beneficio económico o afectaciones graves a la integridad física o psicológica de la víctima. También se define la violencia digital como cualquier acción realizada mediante plataformas tecnológicas que implique acoso, hostigamiento, amenazas o difusión de datos privados sin autorización.
En el mismo sentido, se propuso incorporar el delito contra la dignidad corporal y la autonomía estética, dirigido a sancionar a quienes realicen o promuevan procedimientos estéticos sin consentimiento informado o sin justificación médica, cuando estos afecten la integridad física o psicológica de las personas. La iniciativa fue turnada a las comisiones de Igualdad de Género y Primera de Justicia para su análisis. De manera paralela, se presentaron otras propuestas relacionadas con la corresponsabilidad familiar, la creación del Registro Estatal de Personas Agresoras Sexuales y reformas para fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes.
Asimismo, se plantearon sanciones para la protección de ríos, cuerpos de agua interiores y fauna acuática, con especial atención en la región Huasteca. La propuesta busca desalentar prácticas de pesca depredatoria, respetar vedas de especies como la acamaya y preservar la biodiversidad. Estas reformas pretenden garantizar la continuidad de actividades económicas y culturales vinculadas al agua, además de promover la conservación ambiental para beneficio de las futuras generaciones en el estado.