El Congreso del Estado de San Luis Potosí realizó una reunión interinstitucional con el propósito de definir al ente responsable de llevar a cabo la consulta dirigida a pueblos y comunidades indígenas, afromexicanas y personas con discapacidad, en cumplimiento de una instrucción emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El encuentro tuvo como finalidad coordinar esfuerzos entre distintos poderes y dependencias para establecer el procedimiento que deberá reportarse a más tardar el 9 de abril.
El diputado Héctor Serrano Cortés, secretario de la Junta de Coordinación Política, explicó que el diálogo permitió encauzar la ruta para cumplir con el ordenamiento judicial. Detalló que la prioridad es definir una instancia responsable que organice la consulta y garantice la participación efectiva de los sectores involucrados, respetando los principios legales establecidos. Añadió que el plazo corresponde a la presentación de la propuesta del procedimiento y no necesariamente a la realización total de la consulta, lo que permitirá estructurar un esquema viable.
En la reunión participaron autoridades de distintos ámbitos, entre ellas Bernarda Reyes Hernández, directora del Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas; la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí, Anahí Zarazúa Martínez; así como la magistrada María del Rocío Hernández Cruz. También acudieron legisladores y representantes del Poder Ejecutivo para analizar las alternativas que permitan cumplir con la resolución.
El legislador señaló que uno de los objetivos es realizar el proceso con eficiencia, procurando optimizar recursos sin afectar la validez de la consulta. Subrayó que el mecanismo deberá asegurar que las comunidades indígenas, afromexicanas y personas con discapacidad puedan expresar su opinión sobre los ordenamientos que deben ser revisados. Con ello, se busca garantizar un ejercicio participativo que fortalezca la inclusión y respete los derechos de estos sectores, además de cumplir con el mandato judicial en tiempo y forma.