Ante la crisis de desabasto que vive la capital del estado, Cerro de San Pedro y Soledad de Graciano Sánchez, la diputada Gabriela Guadalupe Martínez Vázquez presentó un Punto de Acuerdo ante el Pleno del Congreso del Estado para exhortar al Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos (Interapas) a garantizar el derecho humano de la población al acceso efectivo, continuo, suficiente y salubre al vital líquido, el cual fue turnado a la Comisión Legislativa del Agua.
En Tribuna, lamentó que el desabasto de agua es una realidad que duele, indigna y ya no puede tolerarse, mientras el Interapas evade su responsabilidad culpando a otras instancias.
"Hay familias esperando por días enteros a que salga el agua de la llave y eso no es normal, no es aceptable y no tiene justificación porque esto no es un capricho ni una ocurrencia, es un derecho plenamente reconocido por la Carta Magna en el Artículo Cuarto que describe el derecho al agua como suficiente, salubre, aceptable y asequible y cuando un derecho no se cumple no estamos ante una falla cualquiera, estamos ante una violación directa a lo que juramos respetar y defender", estableció. 
La legisladora acusó que el Interapas ni atiende ni escucha y únicamente hace promesas que nunca cumple, como en el Distrito VI que representa donde al igual que toda la cabecera municipal el desabasto de agua dejó de ser una molestia para convertirse en una real irritación social ante la crisis provocada por la irresponsabilidad y el desinterés institucional.
El Exhorto al Interapas insta a realizar acciones apegadas a los estándares constitucionales y convencionales en materia de derechos humanos, incorporando mecanismos técnicamente sustentados de distribución equitativa del recurso, esquemas permanentes y no discrecionales de suministro alterno, así como la priorización de zonas y grupos en condición de vulnerabilidad.
La diputada Martínez Vázquez destacó que el Punto de Acuerdo introduce un criterio de prioridad y enfoque diferenciado, al establecer que las autoridades deben actuar de manera inmediata en favor de quienes enfrentan mayores condiciones de desventaja, bajo el principio de máxima protección del derecho humano al agua.
Martínez Vázquez advirtió que ante el marco normativo vigente que reconoce y detalla este derecho, la persistencia de cortes prolongados, el suministro deficiente o la exclusión de comunidades enteras deja de ser una situación atribuible a la ineficiencia, para convertirse en una problemática que vulnera derechos fundamentales.
Asimismo, señaló que esta situación ha obligado a la ciudadanía a recurrir a mecanismos alternativos de abastecimiento, como la compra de agua mediante pipas, trasladando a las familias una carga económica que corresponde asumir al organismo operador.