Organismos de fiscalización de las 32 entidades del país trabajan en la consolidación de un convenio con la Auditoría Superior de la Federación con el objetivo de fortalecer la supervisión del gasto público y mejorar la coordinación entre autoridades federales y estatales. Este acuerdo pretende impulsar un Sistema Nacional de Fiscalización que permita vigilar de manera más efectiva los recursos en los tres niveles de gobierno.

El titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado, Rodrigo Joaquín Lecourtois López, explicó que la propuesta surge tras un acercamiento con el nuevo auditor superior de la Federación, Aureliano Hernández Palacios, con quien se definió una agenda para fortalecer los mecanismos de control y revisión del uso de recursos públicos. La intención es mejorar la coordinación institucional y evitar vacíos legales que dificulten la fiscalización.

Uno de los cambios centrales que se contemplan es que los órganos estatales puedan auditar directamente a instituciones que ejercen recursos federales, facultad que actualmente presenta limitaciones por cuestiones de competencia. De concretarse, este esquema permitiría una vigilancia más amplia y reduciría los riesgos de que posibles irregularidades queden sin sanción debido a conflictos entre instancias. El funcionario señaló que el objetivo es eliminar barreras entre autoridades y promover el trabajo conjunto para combatir la opacidad.

Lecourtois López indicó que se prevé la firma del convenio a mediados de este año, luego de diversas reuniones técnicas en las que se revisarán ajustes normativos y procedimientos operativos tanto a nivel federal como estatal. Una vez formalizado el acuerdo, se abriría la posibilidad de que el órgano estatal revise recursos federales ejercidos por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, institución que desde 2023 no ha permitido auditorías locales en algunos rubros.

El auditor destacó que el nuevo esquema permitiría fiscalizar no solo recursos estatales, sino también participaciones federales, ampliando el alcance de la supervisión. Con ello, el Sistema Nacional de Fiscalización buscaría cerrar espacios a la opacidad y garantizar que cualquier irregularidad en el manejo de fondos públicos pueda investigarse y sancionarse, sin importar el origen del financiamiento.