Con el objetivo de que la Procuraduría de la Defensa de las Personas Adultas Mayores del Estado refuerce de manera efectiva la atención, protección y defensa de los derechos de las personas adultas mayores, priorizando a quienes se encuentren en situación de riesgo, abandono o violencia, y garantizando una intervención integral, oportuna y con enfoque humano a través de sus áreas de atención, con el objetivo de prevenir violaciones a sus derechos, atender las denuncias correspondientes y asegurar el acceso real a la justicia y a una vida digna, el Pleno del Congreso del Estado aprobó un Punto de Acuerdo presentado por la diputada Diana Ruelas Gaitán.
En el exhorto la legisladora menciona que en San Luis Potosí se espera que en el 2030 uno de cada seis habitantes del estado tendrá 60 años y más, por lo que este cambio demográfico tiene implicaciones profundas en diversos aspectos de la vida social, económica y política, ya que ante el incremento de la esperanza de vida, las perspectivas de mejores condiciones sociales son insuficientes, y de no impulsar políticas públicas que permitan acceder con equidad a los servicios tendientes a garantizar su derecho a la salud, trabajo, educación, accesibilidad, deporte, recreación y cultura, necesarias para la atención de las personas adultas mayores, el estado se verá rebasado, generando una  gran problemática social
Mientras que a nivel mundial la proporción de adultos mayores está en constante aumento,  existe un cambio demográfico que está transformando la estructura misma de nuestras sociedades, ya que según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que para el año 2050, más del 20 por ciento de la población mundial tendrá más de 60 años.
Ruelas Gaitán señaló que el proceso de envejecimiento demográfico implica profundos cambios en nuestro país y en nuestro estado, en relación al desarrollo, tipo de programas y actividades geronto-geriátricas, que, en una adecuada concurrencia de acciones, se deben ejecutar a través de la transversalidad en las políticas públicas. 
Dijo que es un reclamo de este sector de la población, el que se establezca un marco jurídico que contemple programas y acciones, encaminadas a valorar sus condiciones de vida, así como la protección de sus derechos.