La noche del 20 de marzo, habitantes de la comunidad Contreras participaban en la quema de “toritos”, cuando un cohetón causó una severa detonación en el templo San José, lo que derrumbó su fachada.

Durante las primeras indagaciones, se descubrió que la iglesia almacenaba el resto de pirotecnia que resultó incendiada durante el siniestro.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que debido a esto, podrían imputar el delito de homicidio culposo a la administración municipal e incluso a la parroquia. Para efecto de ello, María Manuela García Cázares señaló que solicitaron los permisos expedidos por la CEPC para avalar su licencia de manejo pirotécnico.

Por su parte, Mauricio Ordaz Flores, director de la Coordinación, reportó que ello no sucedió; si no que de forma "deliberada", el ayuntamiento de Mexquitic actuó sin permisos estatales ni vigilancia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

"Mexquitic no tenía permiso de manipular pirotecnia. Traía un permiso de Zacatecas que no tenía nada qué ver... Nos debieron haber avisado, no pasó, lo hicieron de una forma deliberada y el desenlace fue fatal", declaró.

Así como existen normativas locales para vigilar su uso, la Ley Federal de Pirotecnia regula a nivel nacional, todo lo relacionado con explosivos de recreación. En ellas, se prevén que su almacenamiento, traslado y detonación se realicen bajo condiciones estrictas de supervisión y capacitación.

A diferencia de otros entidades como Nuevo León y Ciudad de México, en San Luis Potosí los explosivos no han sido prohibidos en eventos públicos. Bajo ese antecedente, Ordaz Flores señaló que se envió un exhorto a los 59 ayuntamientos para recordar cuáles son los protocolos adecuados durante la quema de pirotecnia. Y así, evitar caer en omisiones y saldos fatales.