El Gobierno de México manifestó su desacuerdo con el informe emitido por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, al considerar que sus conclusiones no reflejan la realidad actual del país ni los esfuerzos implementados por las autoridades. La postura fue dada a conocer a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que calificó el documento como tendencioso y carente de elementos actualizados.
En un posicionamiento oficial, la Cancillería señaló que el informe omitió información presentada por el Estado mexicano antes de su publicación, incluyendo datos sobre políticas públicas, reformas legales y mecanismos de búsqueda de personas. De acuerdo con el gobierno federal, estas acciones han sido impulsadas en los últimos años con el objetivo de fortalecer la coordinación institucional y atender el fenómeno de las desapariciones.
Las autoridades también rechazaron la afirmación de que la desaparición forzada se cometa de manera sistemática o generalizada en el país. Subrayaron que el Estado no tolera este delito y que mantiene acciones para prevenirlo y sancionarlo. En ese sentido, destacaron la creación de herramientas de búsqueda, la colaboración con colectivos de familiares y el fortalecimiento de los marcos legales orientados a la protección de los derechos humanos.
Asimismo, el gobierno mexicano sostuvo que el informe del organismo internacional se centra principalmente en hechos ocurridos en administraciones anteriores, por lo que consideró que no toma en cuenta los cambios implementados recientemente. La Cancillería reiteró que México mantiene disposición para colaborar con instancias internacionales, aunque enfatizó que dicha cooperación debe basarse en evaluaciones objetivas y completas.
El posicionamiento surge después de que el comité de la ONU advirtiera sobre la gravedad de la situación y planteara que el fenómeno podría alcanzar niveles de crimen de lesa humanidad. Estas observaciones generaron un intercambio de posturas entre las autoridades mexicanas y el organismo internacional, evidenciando diferencias en la interpretación del contexto actual.
El Gobierno federal reiteró su compromiso de continuar fortaleciendo las políticas públicas en materia de búsqueda y atención a víctimas, así como de mantener el diálogo con organismos internacionales para mejorar las estrategias. Con ello, se busca avanzar en la atención del problema y garantizar la protección de los derechos humanos en el país.
