El Congreso del Estado de San Luis Potosí analiza una iniciativa que busca garantizar una compensación económica para quienes concluyan una relación de concubinato. La propuesta fue presentada por la diputada Diana Ruelas Gaitán y plantea reformas al Código Familiar estatal con el objetivo de reconocer derechos patrimoniales derivados de este tipo de unión. El proyecto fue turnado a la Comisión Segunda de Justicia para su estudio y dictamen.

La iniciativa contempla que, al término del concubinato, cualquiera de las partes pueda recibir hasta el 50 por ciento del valor de los bienes adquiridos durante la relación. El planteamiento busca corregir posibles desequilibrios económicos generados por la división de responsabilidades, particularmente cuando una de las personas se dedica principalmente al cuidado del hogar o de los hijos, mientras la otra desarrolla su actividad laboral.

El documento propone modificar y adicionar diversos artículos del Código Familiar para establecer que la existencia de un matrimonio previo no disuelto no impida reconocer los efectos jurídicos del concubinato, siempre que se acredite la terminación efectiva del vínculo anterior y la estabilidad de la nueva relación. Asimismo, se plantea que el concubinato se reconozca cuando la unión sea pública y permanente durante al menos dos años, o desde el momento en que se establezca un hogar común con elementos que demuestren la intención de permanencia.

También se establecen causas para la terminación del concubinato, entre ellas la voluntad de alguna de las partes o el abandono del hogar por más de tres meses sin intención de reconciliación. En estos casos, ambas personas tendrían derecho a recibir alimentos por un periodo equivalente a la duración de la relación, siempre que subsista la necesidad económica.

La propuesta señala que la compensación económica no constituye una repartición automática de bienes, sino un mecanismo de carácter resarcitorio para equilibrar la situación patrimonial. La legisladora argumentó que este tipo de medidas buscan evitar situaciones de desigualdad, especialmente cuando una de las partes contribuyó al desarrollo del patrimonio común mediante trabajo doméstico no remunerado.

La iniciativa continuará su análisis en comisiones legislativas, donde se evaluará su viabilidad y alcances antes de ser sometida a votación en el pleno del Congreso local.