El Gobierno de México manifestó su rechazo al informe emitido por el Comité contra las Desapariciones Forzadas, al considerar que el documento no toma en cuenta los avances institucionales y las acciones implementadas en los últimos años para atender la problemática de personas desaparecidas. Las autoridades señalaron que el análisis presentado omite información actualizada que fue entregada antes de su publicación.

A través de un posicionamiento conjunto, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores calificaron el reporte como tendencioso. De acuerdo con el comunicado, el documento no incorpora observaciones y datos proporcionados por el Estado mexicano, lo que, afirmaron, genera conclusiones que no coinciden con el contexto actual ni con la definición de desaparición forzada establecida por el propio comité.

El pronunciamiento oficial sostuvo que el procedimiento utilizado por el organismo internacional suele aplicarse en escenarios donde las desapariciones forzadas se cometen de manera sistemática por agentes del Estado. Según las autoridades mexicanas, esta situación no corresponde a la realidad del país, además de que el informe se centra en hechos registrados entre 2009 y 2017 y en un número limitado de entidades federativas.

El comité, sin embargo, informó que solicitó a la Asamblea General de las Naciones Unidas analizar la situación en México bajo el artículo 34 de la convención correspondiente. El organismo indicó que su evaluación se basa en información recopilada desde 2012, incluyendo reportes de organizaciones civiles, datos oficiales y el hallazgo de miles de restos humanos en más de 4 mil 500 fosas clandestinas.

Frente a estos señalamientos, el gobierno mexicano reiteró que no permite ni ordena desapariciones forzadas y destacó reformas legales aprobadas en 2025. Entre ellas mencionó la implementación de la Alerta Nacional de Búsqueda, la obligación de iniciar investigaciones desde el primer reporte y la creación de nuevas bases de datos para la identificación de personas.

Asimismo, las autoridades subrayaron el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda y la coordinación entre fiscalías y comisiones de víctimas. El Ejecutivo federal señaló que mantiene cooperación con organismos internacionales, aunque expresó su desacuerdo con evaluaciones que, a su juicio, no reflejan el contexto actual del país.