La política energética en México comienza a reconfigurarse con una apuesta que durante años generó debate: la fracturación hidráulica. La presidenta Claudia Sheinbaum abrió la puerta a su implementación bajo un nuevo enfoque tecnológico, en el que se priorizaría el uso de compuestos menos agresivos para el medio ambiente, en un intento por equilibrar producción y sostenibilidad.

El proyecto aún se encuentra en fase de análisis. Un comité científico ha trabajado durante cuatro meses en la evaluación de métodos alternativos para la extracción de gas en yacimientos no convencionales, y será en las próximas semanas cuando se determine si esta vía resulta viable. La decisión se enmarca en un contexto donde el acceso a energía se vuelve clave para el crecimiento económico del país.

Desde el sector petrolero, la estrategia ha sido respaldada como una ruta necesaria. Petróleos Mexicanos proyecta incrementar su capacidad productiva con el aprovechamiento de reservas tanto convencionales como no convencionales, estas últimas con mayor potencial pero también con mayores retos técnicos. El objetivo de fondo es claro: reducir la dependencia del gas importado y fortalecer la autosuficiencia energética.

Las cifras actuales evidencian el desafío. Una parte significativa del consumo nacional proviene del exterior, mientras que la demanda interna se prevé en aumento hacia el final de la década. En paralelo, el gobierno también ha mantenido atención en el escenario internacional y en emergencias nacionales, desde tensiones en Medio Oriente que impactan el precio del petróleo hasta labores de rescate en el país, configurando un panorama donde la energía, la seguridad y el desarrollo social se entrelazan en la agenda pública.