La diputada Dolores Robles Chairez presentó una iniciativa para reformar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado, con el objetivo de que los refugios destinados a mujeres víctimas cuenten con personal intérprete en lenguas indígenas o en Lengua de Señas Mexicana. La propuesta busca mejorar la atención a quienes enfrentan barreras de comunicación y prevenir situaciones de revictimización durante el proceso de protección.

La reforma plantea modificar el artículo 49 de la legislación estatal para incluir como obligación que los refugios dispongan de traductores o intérpretes en lenguas maternas. En caso de no contar con este personal, se contempla que las instituciones puedan apoyarse en organismos especializados para garantizar la comunicación adecuada con las usuarias.

La legisladora señaló que esta medida permitirá ofrecer una atención más integral, ya que comprender la lengua y la cosmovisión de las mujeres es fundamental para atender de manera efectiva los casos de violencia. Subrayó que la falta de comunicación puede generar desconfianza y dificultar el acceso a medidas de protección, especialmente en momentos de crisis.

De acuerdo con la propuesta, el estado de San Luis Potosí cuenta con una importante presencia de comunidades indígenas, donde predominan lenguas como el náhuatl, el téenek y el xi'iuy. Para muchas mujeres, estos idiomas representan su principal medio de comunicación, por lo que la ausencia de intérpretes puede convertirse en una barrera adicional al momento de solicitar ayuda.

Asimismo, se destacó que las mujeres que enfrentan limitaciones lingüísticas suelen estar en condiciones de mayor vulnerabilidad, debido a factores sociales y económicos que incrementan el riesgo de violencia. Por ello, la iniciativa busca garantizar que puedan expresar sus necesidades y acceder a los servicios disponibles sin obstáculos.

La propuesta fue turnada a la Comisión de Igualdad de Género para su análisis y eventual dictaminación. Con esta iniciativa, se pretende fortalecer la atención a mujeres víctimas de violencia, asegurando que los refugios cuenten con herramientas para brindar acompañamiento adecuado, respetar la diversidad cultural y garantizar el acceso efectivo a la protección y a sus derechos.