La diputada Roxanna Hernández Ramírez presentó una iniciativa para incorporar el concepto de violencia estética en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de San Luis Potosí. La propuesta pretende visibilizar esta problemática y establecer mecanismos que permitan prevenir prácticas que atenten contra la integridad física y emocional de las mujeres.

La legisladora explicó que la violencia estética se refiere a cualquier acción u omisión que presione a las mujeres para modificar su apariencia con el fin de ajustarse a estándares de belleza, lo que puede generar discriminación, exclusión y daños psicológicos o físicos. En algunos casos, señaló, estas conductas pueden derivar en consecuencias graves, especialmente cuando implican procedimientos estéticos sin las condiciones adecuadas.

Entre las manifestaciones contempladas en la iniciativa se incluyen la imposición de modelos de belleza que deriven en trato desigual, la realización de intervenciones estéticas sin el consentimiento de la mujer y la aplicación de tratamientos o cirugías por personal que no cuente con la autorización legal o la capacitación profesional correspondiente. Estas prácticas, indicó, representan riesgos para la salud y vulneran los derechos de quienes son sometidas a ellas.

La propuesta también busca prevenir la administración de sustancias con fines de modificación corporal cuando no existan garantías de seguridad ni personal especializado. De acuerdo con la diputada, el reconocimiento de esta forma de violencia permitirá generar políticas públicas orientadas a su prevención y atención, además de fortalecer la protección institucional hacia las mujeres.

Asimismo, destacó que la violencia estética suele normalizarse debido a su arraigo cultural, lo que dificulta identificarla como una forma de agresión. Por ello, subrayó la importancia de incluir este concepto en la legislación, ya que contribuirá a sensibilizar a la sociedad y promover acciones que eviten este tipo de conductas.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Igualdad de Género para su análisis. Con esta propuesta, se busca avanzar en la protección de los derechos de las mujeres y establecer medidas que prevengan prácticas que pongan en riesgo su salud, su autonomía y su bienestar integral.