El Consejo Empresarial Mexicano en San Luis Potosí advirtió que la fragilidad del marco legal podría afectar la llegada de nuevas inversiones, particularmente ante la regularización de vehículos de procedencia extranjera que, a decir del sector, generan incertidumbre para las empresas establecidas. La postura fue expresada por Jaime Chalita Zarur, quien señaló que la certeza jurídica es un elemento clave para mantener la competitividad económica.

El representante empresarial indicó que la emisión de decretos que permiten la regularización de unidades ingresadas al país sin cumplir con los procesos legales podría impactar negativamente la confianza de los inversionistas. Explicó que en una entidad donde la industria manufacturera, especialmente la automotriz, representa un motor económico, las decisiones relacionadas con el mercado vehicular influyen directamente en el entorno productivo y laboral.

Asimismo, señaló que la incorporación de vehículos considerados fuera de circulación en sus países de origen puede generar afectaciones a la seguridad vial y a la competencia dentro del sector formal. De acuerdo con el dirigente, la entrada de estas unidades al mercado provoca condiciones desiguales para las empresas que operan conforme a la normativa vigente, además de impactar la cadena de valor de la industria.

Chalita Zarur también expresó que la regularización de estos automóviles podría incentivar prácticas irregulares y debilitar el estado de derecho. En este sentido, destacó que la certidumbre legal es un factor determinante para la atracción de capital, ya que los inversionistas evalúan la estabilidad normativa antes de establecer operaciones o expandir proyectos en una región.

El sector empresarial planteó la necesidad de impulsar políticas públicas orientadas a fortalecer la industria nacional y fomentar el financiamiento de vehículos producidos en México. Consideraron que estas acciones contribuirían a consolidar la competitividad y a proteger la actividad económica local.

Finalmente, el organismo hizo un llamado a las autoridades para revisar las medidas relacionadas con la regularización vehicular y priorizar el cumplimiento de la ley. De acuerdo con la postura del sector, garantizar la seguridad jurídica y la legalidad es fundamental para preservar la confianza empresarial y promover el desarrollo económico en la entidad.