El capítulo judicial del descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca llegó a su fin sin tribunales de por medio. La Fiscalía General de la República determinó extinguir la acción penal luego de que las 145 personas afectadas aceptaran un esquema de reparación integral, apostando por una salida más inmediata frente a la vía judicial tradicional.

La decisión reconfigura la narrativa del caso: en lugar de un proceso largo y punitivo, se optó por un mecanismo que privilegia la compensación directa a las víctimas. De acuerdo con la fiscal Ernestina Godoy Ramos, esta ruta está respaldada por la ley y permite garantizar justicia sin dilaciones, en un contexto donde la exigencia social suele chocar con los tiempos del sistema penal.

El accidente, ocurrido el 28 de diciembre en la comunidad de Nizanda, dejó una marca profunda: 14 personas fallecidas y más de 90 heridas. La causa, según las investigaciones oficiales, fue el exceso de velocidad. En total, viajaban 250 personas —entre pasajeros y tripulación— cuando dos locomotoras y cuatro vagones se salieron de la vía en la Línea Z, desencadenando una de las tragedias más graves recientes en este sistema ferroviario.

Con los acuerdos alcanzados, 114 adultos y 31 menores recibieron medidas de reparación que buscan resarcir el daño sufrido. Sin embargo, el cierre legal no borra la dimensión social del accidente: queda la pregunta sobre la seguridad en la operación ferroviaria y la memoria de un hecho que, aunque jurídicamente concluido, difícilmente se disipa en la experiencia colectiva.