A casi un año de la tragedia que sacudió a una familia en la sierra de Sinaloa, la justicia comenzó a moverse. Trece elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional fueron vinculados a proceso por el homicidio de las niñas Alexa y Leidy, un hecho que no solo estremeció a Badiraguato, sino que reavivó el debate sobre el uso de la fuerza en operativos militares.

La decisión judicial también incluye cargos por tentativa de homicidio contra dos adolescentes y dos adultos, todos familiares de las menores. Durante la audiencia, las pruebas apuntaron a un uso injustificado de la fuerza, mientras los padres de las niñas relataron el impacto irreversible que dejó el ataque en su vida cotidiana. El juez Josué Noé Egure Yáñez consideró suficientes los elementos para abrir el proceso penal.

El origen de la tragedia se remonta al 6 de mayo de 2025, cuando fuerzas federales fueron emboscadas en la comunidad de El Naranjo. En medio del fuego cruzado, una familia quedó atrapada sin posibilidad de resguardo. Las balas alcanzaron a las niñas, mientras un menor de 12 años y sus padres resultaron gravemente heridos, dejando una escena que evidenció la fragilidad de los civiles en territorios marcados por la violencia.

Para organizaciones como el Centro Prodh, este caso no es aislado, sino un reflejo de los riesgos que implica el despliegue militar sin controles estrictos. La vinculación a proceso de los soldados representa un primer avance en la búsqueda de justicia, pero también deja abierta una conversación más amplia: la de un país donde la línea entre seguridad y tragedia sigue siendo, para muchos, peligrosamente delgada.