La justicia estadounidense dictó una sentencia que marca un antes y un después en el caso de la muerte de Matthew Perry. Jasveen Sangha, señalada como una de las principales proveedoras de ketamina en círculos exclusivos, fue condenada a 15 años de prisión por su responsabilidad en la distribución de la sustancia que derivó en el fallecimiento del actor.

El proceso judicial dejó al descubierto un entramado más amplio que una sola transacción. La acusada operaba un esquema de venta de drogas desde su domicilio, abasteciendo a distintos clientes mediante intermediarios. Su participación no fue menor: admitió haber distribuido múltiples dosis de ketamina, en un contexto donde el acceso a estas sustancias se normalizaba entre entornos privilegiados.

La muerte de Perry, ocurrida en 2023, se vinculó a los efectos agudos de esta droga, utilizada tanto en contextos médicos como recreativos. Sin embargo, la investigación evidenció cómo el uso fuera de control, sumado a la falta de supervisión adecuada, terminó por convertir el consumo en un riesgo fatal. Otros involucrados en la cadena de suministro también enfrentaron consecuencias legales, lo que refuerza la dimensión colectiva del caso.

Más allá de la condena, el episodio deja una reflexión incómoda para la industria del entretenimiento: la cercanía entre fama, acceso y vulnerabilidad. La historia no solo habla de un delito, sino de un sistema que, en silencio, permite que las adicciones encuentren terreno fértil incluso en los espacios más visibles.