En un intento por blindar la economía doméstica frente a la volatilidad energética mundial, el gobierno de México acordó con el sector gasolinero fijar un techo de 28 pesos por litro de diésel. La medida surge como respuesta a un entorno internacional marcado por tensiones geopolíticas y encarecimiento de combustibles, que amenazan con trasladarse directamente al bolsillo de consumidores y empresas.

El acuerdo, impulsado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, busca evitar incrementos abruptos en un insumo clave para la economía. El diésel no solo mueve transporte de carga, también sostiene cadenas de suministro, maquinaria industrial y buena parte de la logística nacional, por lo que cualquier variación impacta de forma transversal en precios y servicios.

En esta estrategia participan más de 30 empresas distribuidoras, junto con actores institucionales como Pemex, la Comisión Nacional de Energía, la Profeco y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, además de la Guardia Nacional. La intención es generar un frente común que dé estabilidad al mercado en medio de un escenario incierto.

Aunque el límite se plantea como una referencia nacional, no será uniforme en todo el país. Factores como la distancia, el transporte y los costos operativos permitirán ajustes regionales. Aun así, el mensaje es claro: contener el diésel es también contener una posible escalada de precios que, de no atenderse, podría reflejarse en cada producto que llega a la mesa.