San Luis Potosí tiene ante sí una oportunidad importante. La entidad podría transitar hacia una reforma electoral moderna, con mayor claridad en las reglas de competencia, mejores mecanismos de representación y herramientas más sólidas para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones electorales.

“No preguntemos si estamos plenamente de acuerdo, sino tan sólo si marchamos por el mismo camino.” decía Johann Wolfgang von Goethe, el poeta, dramaturgo, novelista, músico y filósofo naturalista alemán.

Y el momento es clave justo a la mitad de la legislatura actual el Congreso del Estado, los legisladores tienen una importante labor que definirá el rumbo de la elección de 2027 y es que la discusión de la reforma político-electoral en San Luis Potosí ha entrado en una etapa decisiva e irreversible para llegar al puerto que permita la estabilidad de las fuerzas políticas, candidatos y actores políticos y sociales.

A contrarreloj, con negociaciones privadas y diferencias naturales entre partidos, el legislativo busca construir un dictamen que permita actualizar las reglas del juego rumbo a las elecciones de 2027. Sin embargo, más allá de los desacuerdos y las tensiones propias de cualquier reforma de fondo, hay un elemento que vale la pena destacar: el consenso político que, poco a poco, comienza a tomar forma entre fuerzas ideológicamente distintas.

En tiempos donde la polarización domina buena parte de la vida pública nacional, el hecho de que Morena, PAN, Partido Verde, PRI, Movimiento Ciudadano y organismos electorales estén sentados en la misma mesa para discutir cambios estructurales no es un asunto menor. La reforma electoral potosina puede convertirse en una muestra de madurez política si logra equilibrar intereses partidistas con una visión institucional de largo plazo.

Las reuniones a puerta cerrada entre diputadas y diputados locales reflejan precisamente eso: la necesidad de construir acuerdos antes de que inicie formalmente el proceso electoral en 2027. El tiempo apremia y el riesgo de llegar tarde a una reforma de esta magnitud obliga a acelerar negociaciones. Pero también demuestra que las fuerzas políticas entendieron que una modificación electoral no puede hacerse desde la imposición unilateral.

La decisión de concentrar en un solo dictamen las iniciativas de los distintos grupos parlamentarios y la propuesta del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) representa, en sí misma, un mensaje político importante. No se trata solamente de juntar documentos; implica reconocer que ninguna fuerza tiene por sí sola la legitimidad suficiente para redefinir las reglas democráticas sin escuchar a los demás actores involucrados.

Por supuesto, el consenso no significa unanimidad absoluta. Las diferencias existen y son profundas en algunos temas. Ahí está, por ejemplo, la discusión sobre los filtros de elegibilidad para candidaturas, La propuesta de incorporar exámenes de control y confianza ha generado cuestionamientos válidos sobre posibles violaciones a derechos humanos y eventuales mecanismos de exclusión política.

Ese punto no es menor. En un país donde la violencia política y la infiltración criminal se han convertido en amenazas reales para la democracia, el hecho de que exista coincidencia entre partidos sobre la necesidad de reforzar filtros de seguridad refleja una preocupación compartida que trasciende colores partidistas.

También existe debate respecto a los intentos de incorporar temas como la llamada “narcopolítica” o el desvío de recursos públicos dentro del eje central de la reforma. Finalmente, esos planteamientos fueron descartados bajo el argumento de que ya están contemplados en la legislación penal vigente. La decisión puede gustar o no, pero muestra que existe disposición para depurar la reforma y evitar convertirla en un catálogo excesivo de temas inconexos.

Aun así, el proceso ha logrado avanzar sobre bases compartidas. Hay coincidencias importantes en la necesidad de fortalecer acciones afirmativas, revisar criterios de paridad de género y ajustar los tiempos del calendario electoral. Incluso entre fuerzas políticas adversarias existe comprensión sobre la importancia de modernizar ciertos aspectos del sistema electoral local.

De hecho, otra de las propuestas que ya se discuten es la reducción de la duración de los procesos electorales, iniciativa impulsada por la diputada Leticia Vázquez y que, según Serrano, también forma parte de las mesas de análisis entre bancadas.

El PAN, por su parte, ha colocado sobre la mesa una agenda concreta que incluye requisitos de antecedentes penales para aspirantes a cargos públicos, reglas sobre militancia efectiva y cambios en los gobiernos de coalición. Algunas propuestas son debatibles, otras seguramente serán modificadas, pero lo relevante es que forman parte de una discusión abierta dentro del Congreso y no de una confrontación estéril fuera de él.

Particularmente interesante resulta el planteamiento panista sobre paridad. La idea de dividir postulaciones entre espacios exclusivos para mujeres y candidaturas abiertas busca evitar retrocesos en la representación femenina. En un contexto nacional donde la paridad ya no puede verse como concesión sino como obligación democrática, resulta positivo que el tema aparezca como prioridad transversal.

Por su parte, Morena también ha decidido entrar al debate con una propuesta de alto impacto político: la incorporación de la revocación de mandato a nivel estatal. El diputado Carlos Arreola Mallol plantea que la ciudadanía pueda decidir cada tres años si el gobernador o gobernadora debe continuar en el cargo. La propuesta seguramente abrirá una intensa discusión jurídica y política, pero también refleja que la segunda fuerza política en el estado busca alinear la legislación potosina con las reformas federales impulsadas en los últimos años.

Más allá de simpatías partidistas, lo destacable es que Morena ha planteado la necesidad de abrir foros públicos con participación del Ceepac, el INE, especialistas, académicos y organizaciones civiles. Y en ese punto también coinciden los partidos tanto en el poder como de oposición adelantando la posibilidad de convocar líderes de opinión y expertos para enriquecer el análisis legislativo aunque el tiempo apremia

Ese elemento es fundamental. Las reformas electorales ganan legitimidad cuando salen de la lógica exclusiva de los partidos y se convierten en discusiones públicas amplias. Porque, al final, las reglas electorales no pertenecen a los políticos; pertenecen a la ciudadanía.

Claro está, todavía falta conocer el contenido final del dictamen. Persisten desacuerdos y algunos temas pueden generar fuertes confrontaciones en el Pleno. La tentación de convertir la reforma en una ventaja electoral para algún partido seguirá presente. Eso ocurre prácticamente en cualquier proceso legislativo de este tipo.

Sin embargo, hasta ahora, el saldo preliminar parece positivo. Las distintas fuerzas políticas han mostrado disposición para dialogar, negociar y ceder en algunos puntos. Y en una democracia cada vez más crispada, ese simple hecho ya representa un avance político significativo.

La verdadera prueba llegará cuando el dictamen sea presentado formalmente y se vote en el Congreso. Ahí se verá si el consenso construido en privado logra sostenerse frente a las presiones partidistas y los cálculos electorales rumbo a 2027.

Por ahora, la reforma electoral potosina deja una lección interesante: incluso en medio de diferencias ideológicas profundas, todavía es posible encontrar coincidencias cuando se trata de fortalecer las instituciones democráticas.