La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que enviará al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma electoral con la finalidad de fortalecer los mecanismos de revisión de candidaturas y prevenir que personas con posibles vínculos con la delincuencia organizada participen en procesos electorales.

La propuesta contempla modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para crear la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, organismo que dependería del Instituto Nacional Electoral y tendría la función de analizar perfiles de aspirantes postulados por los partidos políticos.

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal explicó que la medida busca reducir riesgos rumbo a las elecciones de 2027 y fortalecer la confianza ciudadana en los procesos democráticos. Señaló que la iniciativa ha sido analizada desde hace tiempo y que finalmente se determinó enviarla a la Comisión Permanente del Congreso.

Sheinbaum destacó que el mecanismo respetará la presunción de inocencia establecida en la Constitución y permitirá a los partidos contar con información preventiva antes de definir el registro de candidaturas. Precisó que, en caso de detectar posibles riesgos, las autoridades competentes continuarían las investigaciones correspondientes conforme a la ley.

La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde, informó que la comisión estaría integrada por cinco consejeros electorales designados por el Consejo General del INE para periodos de tres años.

Detalló que los partidos políticos que decidan participar entregarían voluntariamente listas de aspirantes a la comisión, la cual solicitaría información a diversas instituciones como la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Con base en los datos obtenidos, se emitiría una valoración sobre si existe o no un “riesgo razonable” respecto a posibles vínculos del aspirante con actividades ilícitas. Posteriormente, correspondería a cada partido decidir si mantiene o retira la candidatura.

La iniciativa también establece que quienes busquen una candidatura deberán autorizar de manera obligatoria la revisión de información y que el proceso se desarrollará bajo criterios de confidencialidad para proteger el debido proceso y evitar afectaciones legales indebidas.