La reforma judicial que impulsa el gobierno de Claudia Sheinbaum parece reconocer, por primera vez, algo que durante meses se intentó negar desde el oficialismo: el modelo aprobado en 2024 nació con problemas estructurales. El aplazamiento de la elección judicial hasta 2028 no es un simple ajuste técnico ni un movimiento administrativo para “mejorar la organización”. Es, en los hechos, una admisión política de que el experimento de elegir jueces mediante voto popular arrancó atropellado, improvisado y con reglas incapaces de garantizar condiciones mínimas de equidad y comprensión ciudadana.
Detrás del discurso de democratización del Poder Judicial, la realidad del primer proceso dejó más dudas que certezas. Más de tres mil candidaturas intentando competir prácticamente a ciegas, sin financiamiento público, sin campañas tradicionales, con restricciones severas para promocionarse y en medio de una ciudadanía que apenas entendía qué estaba votando. La narrativa oficial hablaba de una transformación histórica; la experiencia concreta terminó pareciéndose más a una elección experimental construida sobre restricciones contradictorias.
Las reglas diseñadas por el INE buscaron evitar excesos propagandísticos y limitar la influencia del dinero. En teoría, la intención era razonable. Se prohibieron espectaculares, se restringió la propaganda impresa, se vetó la pauta digital y se redujeron al mínimo las posibilidades de promoción tradicional. Pero en la práctica, esas mismas medidas generaron un terreno profundamente desigual.
Quien ya tenía notoriedad pública, estructura gremial, redes políticas o comunidades digitales consolidadas arrancó con una ventaja imposible de remontar en apenas sesenta días.
La paradoja es brutal: una reforma que prometía abrir el acceso al Poder Judicial terminó favoreciendo justamente a quienes ya contaban con visibilidad previa o conexiones políticas. El supuesto “piso parejo” nunca existió.
Y ahí aparece uno de los aspectos más preocupantes del modelo: el ecosistema digital se convirtió en prácticamente la única arena real de competencia. No porque fuera la mejor vía democrática, sino porque el resto de los canales quedaron clausurados. Eso empujó a muchos aspirantes a depender de la viralidad, de contenidos simplificados y, en no pocos casos, de estrategias cercanas al espectáculo político. La lógica del algoritmo comenzó a imponerse sobre la lógica jurídica.
La consecuencia era previsible. En lugar de discutir criterios constitucionales, independencia judicial o perfiles técnicos, gran parte de la conversación pública terminó reducida a videos cortos, tendencias efímeras y campañas basadas más en posicionamiento emocional que en capacidades jurídicas. Y donde domina el algoritmo, también prosperan la manipulación y la desinformación organizada.
Por eso el aplazamiento hasta 2028 puede resolver parcialmente el problema logístico, pero no corrige el problema de fondo. El núcleo de la discusión sigue intacto: ¿es viable convertir la selección de jueces en una competencia electoral masiva sin degradar la calidad técnica del sistema judicial?
La nueva iniciativa intenta responder parcialmente a ese vacío. La creación de una Comisión Coordinadora para homologar criterios de evaluación entre los comités de los tres poderes busca introducir algo de orden donde antes predominaba la discrecionalidad. También se plantea reducir el número de candidaturas para facilitar la decisión del electorado y simplificar las boletas, un reconocimiento implícito de que el diseño anterior era prácticamente imposible de procesar para la mayoría de los votantes.
Porque esa fue otra de las grandes contradicciones del modelo original: se hablaba de participación ciudadana mientras se construían boletas inmanejables y procesos incomprensibles incluso para personas familiarizadas con temas jurídicos. Pretender que millones de ciudadanos evalúen decenas de perfiles técnicos especializados, en distintas materias judiciales y bajo tiempos limitados, siempre fue una apuesta desproporcionada.
La reducción de candidaturas pasar de 81 a 54 aspirantes para la Suprema Corte, por ejemplo parece un intento por hacer más operable el mecanismo. Sin embargo, también abre nuevas preguntas. Si los comités filtrarán perfiles y luego reducirán listas mediante insaculación pública, ¿qué tanto poder real tendrá el votante sobre la selección final? Y más importante aún: ¿quién vigilará que esos filtros no terminen convertidos en nuevas formas de control político? El problema de fondo nunca ha sido solamente la elección. El verdadero debate gira alrededor de la independencia judicial. Y ahí la reforma sigue mostrando zonas grises.
La coincidencia de la elección judicial con la consulta de revocación de mandato resulta especialmente delicada. Antes, la Constitución prohibía expresamente que ambos ejercicios coincidieran. Ahora se propone empatar todo en la misma jornada electoral. La pregunta es inevitable: ¿cómo evitar que una eventual polarización presidencial termine contaminando nuevamente la elección de jueces y magistrados?
El riesgo es evidente. En un escenario de alta tensión política, las campañas judiciales podrían quedar absorbidas por la narrativa partidista nacional. Los perfiles judiciales dejarían de evaluarse por trayectoria o capacidad y comenzarían a medirse por afinidades ideológicas, simpatías presidenciales o posicionamientos políticos coyunturales. Eso no fortalece la justicia; la vuelve más vulnerable al clima electoral.
También llama la atención que la reforma intente corregir problemas operativos mientras mantiene contradicciones constitucionales abiertas. El artículo 94 plantea ahora una presidencia rotativa en la Suprema Corte cada dos años con base en número de votos, pero el artículo 97 sigue estableciendo una elección interna cada cuatro años entre ministros. Es decir, el diseño continúa mostrando señales de improvisación normativa incluso después de reconocer las fallas del primer esquema.
Y quizá ese es el verdadero retrato de toda esta reforma judicial: una transformación construida sobre correcciones constantes, ajustes emergentes y parches sucesivos. Cada modificación parece responder menos a una planeación integral y más a los problemas que van apareciendo conforme el modelo entra en contacto con la realidad.
El libro Reflexiones sobre la elección judicial 2025 en México aporta algo valioso en medio de esta discusión polarizada: una crítica menos propagandística y más honesta sobre lo ocurrido. Porque el debate público se ha contaminado entre quienes presentan la reforma como la salvación absoluta del sistema judicial y quienes la reducen automáticamente a un desastre irreversible. La realidad probablemente se encuentra en un punto más incómodo: el modelo actual exhibe fallas serias, pero también revela la enorme dificultad de construir mecanismos democráticos para un poder históricamente opaco.
El problema es que el tiempo político corre más rápido que la maduración institucional. Y mientras el gobierno intenta ajustar el modelo sobre la marcha, el país sigue experimentando con uno de los pilares más delicados del Estado: la impartición de justicia.
