La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, volvió al centro de la discusión política nacional luego de confirmarse que no acudiría a Ciudad Juárez para atender un citatorio emitido por la Fiscalía General de la República. En cambio, la mandataria permaneció en Ciudad de México, donde su equipo jurídico aseguró que cualquier comparecencia se realizaría en instancias federales de la capital del país.

El caso forma parte de la investigación abierta tras un operativo ocurrido en la Sierra Tarahumara, donde murieron agentes estadounidenses y funcionarios mexicanos en circunstancias que siguen bajo revisión federal. La polémica escaló debido a las versiones sobre la posible participación de agentes extranjeros en tareas de seguridad dentro de Chihuahua, situación que provocó cuestionamientos políticos y llamados a esclarecer responsabilidades.

Desde el entorno de la gobernadora se acusó un uso político de las instituciones de justicia y se insistió en que Campos colaborará con las autoridades, aunque también se criticó la forma en que fue emitido el citatorio. La mandataria panista ha sostenido que existe una campaña en su contra en medio del clima de confrontación entre Morena y la oposición rumbo a los próximos procesos electorales.

Mientras tanto, simpatizantes de la gobernadora realizaron manifestaciones de respaldo en Chihuahua y Ciudad Juárez, donde el tema ha dividido opiniones entre quienes exigen transparencia en la investigación y quienes consideran que el caso tiene un trasfondo político. La controversia también reavivó el debate sobre los límites de la cooperación de agencias extranjeras en operativos de seguridad dentro del territorio mexicano.