El Congreso del Estado formalizó la declaratoria de validez de la reforma al artículo 122 TER de la Constitución Política de San Luis Potosí en materia de seguridad pública, luego de obtener el respaldo necesario de los ayuntamientos que integran el Constituyente Permanente. Con esta modificación se actualiza el marco jurídico estatal para alinearlo con las disposiciones federales y fortalecer las capacidades institucionales en la investigación de delitos.

La reforma permitirá incorporar de manera formal a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, a la Guardia Civil Estatal y a las policías municipales en tareas de investigación relacionadas con delitos del fuero común. No obstante, estas funciones deberán desarrollarse siempre bajo la conducción y supervisión del Ministerio Público, autoridad responsable de coordinar las acciones correspondientes dentro del sistema de procuración de justicia.

El diputado Rubén Guajardo Barrera, impulsor de la iniciativa, destacó que el propósito principal es fortalecer la coordinación entre las distintas instituciones encargadas de la seguridad y la investigación criminal, permitiendo una respuesta más eficiente frente a los delitos que afectan a la población.

La reforma establece que el Ministerio Público mantendrá la responsabilidad exclusiva de ejercer la acción penal ante los tribunales, además de solicitar medidas cautelares, presentar pruebas, promover la aplicación de sanciones y garantizar que los procesos judiciales se desarrollen conforme a derecho. Las corporaciones de seguridad participarán en las labores de investigación dentro del ámbito de sus atribuciones, contribuyendo a la integración de expedientes y a la obtención de información relevante para el esclarecimiento de los hechos.

Otro de los aspectos contemplados en la modificación constitucional es la creación de un Servicio Profesional de Carrera para el personal de la Fiscalía General del Estado. Este esquema regulará los procesos de ingreso, permanencia, capacitación, actualización y ascenso de los servidores públicos, bajo principios de legalidad, profesionalismo, mérito, eficiencia, objetividad, honradez y respeto a los derechos humanos.

Asimismo, se establece que el Fiscal General deberá presentar cada año un informe de actividades ante los poderes Ejecutivo y Legislativo, además de comparecer ante el Congreso cuando así corresponda dentro del ejercicio de rendición de cuentas.

Los artículos transitorios señalan que las autoridades estatales y municipales contarán con un plazo de 180 días para realizar las adecuaciones normativas necesarias. Las facultades de investigación para la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Civil Estatal entrarán en vigor el 1 de enero de 2027, mientras que las policías municipales comenzarán a ejercerlas a partir del 1 de enero de 2028.