La Comisión de Desarrollo Territorial Sustentable del Congreso del Estado aprobó un dictamen que plantea reformas a la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de San Luis Potosí, con el propósito de incorporar los conceptos de gentrificación y vivienda asequible dentro del marco jurídico estatal, como parte de una estrategia para enfrentar los retos derivados de los procesos de transformación urbana.

La propuesta, impulsada por la diputada María Dolores Robles Chaírez, busca establecer herramientas normativas que permitan impulsar un desarrollo urbano más equilibrado, garantizando que el crecimiento de las ciudades se realice bajo criterios de inclusión social, respeto a los derechos humanos y acceso justo a la vivienda para todos los sectores de la población.

El presidente de la comisión legislativa, diputado César Arturo Lara Rocha, explicó que la iniciativa responde a la necesidad de actualizar la legislación vigente para atender fenómenos urbanos que han cobrado relevancia en distintas regiones del país, particularmente aquellos relacionados con el encarecimiento de la vivienda y el desplazamiento de habitantes originarios de determinadas zonas debido al incremento de la inversión inmobiliaria.

Detalló que las modificaciones también contemplan ajustes a la Ley sobre el Régimen de Propiedad en Condominio, mediante la incorporación del concepto de estancia turística eventual. Con ello se pretende reconocer legalmente las modalidades de alojamiento temporal que actualmente operan a través de plataformas digitales, otorgando mayor certeza jurídica tanto a usuarios como a propietarios.

La reforma establece que la planeación territorial y el desarrollo urbano deberán considerar acciones encaminadas a prevenir los efectos negativos de la gentrificación, promoviendo la permanencia de las comunidades en sus entornos tradicionales y favoreciendo la diversidad económica y social dentro de los centros de población.

Asimismo, se fortalece el principio de acceso a una vivienda digna y asequible, reconociendo la responsabilidad de las autoridades estatales y municipales de impulsar políticas que permitan garantizar este derecho y mejorar las condiciones de habitabilidad en las zonas urbanas.

Lara Rocha señaló que las adecuaciones propuestas no representan un impacto presupuestal para las finanzas públicas, ya que se trata de una actualización normativa orientada a modernizar el marco legal estatal. El dictamen será turnado al Pleno del Congreso para su análisis y eventual votación en próximas sesiones.