El comunicar es poner algo en común. Para lograrlo es imperativo que el ciclo de la comunicación sea completo, es decir la retroalimentación, de ida y de vuelta.
Con la irrupción del algoritmo y la supremacía que impone en la ciencia humana, requiere forzosamente de una revisión, de una regulación, de lo contrario, los grandes poseedores de las plataformas donde se regodea y se abusa, serán los poseedores de la humanidad.
Esta reflexión viene a tono con la propuesta, para algunos ultrajante y descabellada, del diputado Héctor Serrano Cortés, quien propuso en el debate público la necesidad de conocer el origen de los emisores de mensajes, para así completar el ciclo.
Los derechos de las audiencias, de los receptores pues, es el que está siendo ultrajado, violentado y silenciado. El consumidor de información, millones, miles de millones, se ve sometido al libertinaje de quien la genera, sólo de un lado, unidimensional, plano.
Algunos medios de comunicación serios, en el mundo y en México a cuentagotas, han implementado un espacio para garantizar el derecho de su audiencia y con ello nutrirse de sus necesidades. Así, se han generado figuras como los espacios del lector en los medios escritos, o incluso valiéndose del uso de las nuevas tecnologías sitios de WhatsApp para escuchar el sentir de sus consumidores de información.
Algunos vanguardistas incluso han creado la figura del “ombudsperson” al que los receptores de sus productos informativos pueden acudir para hacer valer sus derechos cuando son víctimas de la calumnia o la difamación, incluso cuando quieren expresar su disentir con los contenidos que reciben. Ahí, se completa el ciclo de la comunicación y los medios que transitan en ella adquieren algo tan valioso y ausente en nuestros días: Credibilidad.
El pasado 23 de marzo en la sala Las Musas del museo Leonora Carrington en el Centro de las Artes, ante la activista Olimpia Coral Melo considerada en 2021 como una de las 100 mujeres más influyentes del mundo e impulsora de una ley que lleva su nombre para combatir el acoso digital, la senadora Ruth González Silva puso en relieve un ataque feroz en su contra desde sitios digitales y redes sociales que transgredía la delgada línea de su figura pública con su vida personal. Lamentó incluso que más del 95 por ciento de los ataques tenían como emisor mujeres que se referían a ella como “la esposa de”, “Yo soy Ruth”, clamó.
Doce días antes, la entonces consejera del INE, Dania Ravel advirtió que minimizar la trayectoria política de mujeres como la senadora Ruth González Silva o Mariana Rodríguez, en Nuevo León, por su relación con figuras políticas puede constituir violencia política en razón de género y el no reconocer los méritos propios de las mujeres en la vida pública refuerza prácticas discriminatorias.
Tanto Ruth como Mariana nunca tuvieron un espacio para la réplica y en muchos casos ni siquiera conocieron la identidad de la parte agresora. El debate está abierto y más allá de la coyuntura electoral que le rodea, es imperativo poner un alto a esos abusos, porque ellas son figuras públicas y por lo tanto visibles pero ¿Cuántas personas no son víctimas cotidianamente en sitios digitales y redes sociales?
Hologramas
ESCUPIR PARA ARRIBA.- Si hubiera un campeonato para el cinismo y la desfachatez el “alcalde viajero” Enrique Galindo Ceballos lo perdería por cínico y facho. En el arranque de su proceso interno para 2027 en la sede del PAN estatal, prometió que una vez que su familia azul lo postule a la Gubernatura la propuesta será terminar con “un San Luis corrompido, hundido, perdido y con miedo”. ¿De qué o de quipen hablaba Galindo? ¿De sí mismo o de su gobierno? Baste recordar los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del primer trimestre del año publicada por el INEGI que plasma que más de la mitad de las y loa capitalinos se sienten inseguros y apenas el 46.9 por ciento consideró que su gobierno es efectivo. Hay que recordarle las masacres de Tanhuato en 2015, Nochixtlán un año después, que le valieron ser destituido como comisionado de la Policía Federal. También la ficha roja de Interpol que pesa sobre quien fuera su mano administrativa, Frida Martínez Zamora, prófuga de la justicia e inhabilitada por 20 años acusada del desvío de mil 700 millones de pesos en un esquema que simuló la compra de un software para espionaje. Hay que ser cochinos…pero no tan trompudos.
