La Comisión de Régimen Interno y Asuntos Electorales del Congreso del Estado aprobó un dictamen de reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, con el propósito de fortalecer la estabilidad institucional del organismo mediante la protección de su patrimonio y la definición de mecanismos para la elección de su presidencia.
La propuesta, presentada por el diputado Héctor Serrano Cortés, plantea modificaciones a los artículos 7 y 21 de la legislación vigente para establecer que los bienes y recursos del Tribunal Electoral no puedan ser objeto de embargo o medidas cautelares, además de regular el procedimiento para designar a la persona que encabezará el órgano jurisdiccional.
El presidente de la comisión legislativa, diputado Rubén Guajardo Barrera, explicó que estas adecuaciones responden a la necesidad de prever escenarios relacionados con la conclusión del periodo de una de las magistraturas del Tribunal Electoral, considerando que en ocasiones los procesos de designación de nuevos integrantes por parte del Senado de la República pueden prolongarse.
Indicó que el objetivo es garantizar una transición ordenada, transparente y sin afectaciones al funcionamiento de la institución, evitando vacíos administrativos que puedan repercutir en la impartición de justicia en materia político-electoral.
De acuerdo con la exposición de motivos del dictamen, el Tribunal Electoral desempeña una función fundamental en la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, así como en la defensa de principios como la paridad de género y la inclusión de grupos en situación de vulnerabilidad, por lo que resulta indispensable mantener actualizado su marco normativo.
Asimismo, la reforma contempla que los recursos materiales y financieros del organismo queden protegidos frente a litigios externos, evitando que una medida cautelar pueda inmovilizar bienes indispensables para su operación cotidiana antes de que exista una resolución definitiva.
Los legisladores señalaron que estas modificaciones contribuirán a fortalecer la autonomía y capacidad operativa del Tribunal Electoral, al tiempo que brindarán certeza jurídica sobre los procedimientos internos de gobierno y la continuidad de sus actividades institucionales en beneficio del sistema democrático de San Luis Potosí.