La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que ordenó el bloqueo de las cuentas bancarias de nueve empresas y diversas personas físicas presuntamente relacionadas con una red de contrabando y comercialización ilegal de combustibles vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La medida forma parte de una acción coordinada con el Gobierno de Estados Unidos para limitar las fuentes de financiamiento de organizaciones delictivas.

A través de un comunicado, la dependencia federal explicó que la decisión fue tomada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), luego de realizar un análisis financiero, fiscal y corporativo de los sujetos señalados por autoridades estadounidenses. Como resultado de la investigación, los implicados fueron incorporados a la Lista de Personas Bloqueadas, mecanismo que impide el acceso al sistema financiero nacional y restringe la realización de operaciones bancarias.

La SHCP señaló que el objetivo de esta determinación es proteger la integridad del sistema financiero mexicano y evitar que sea utilizado para el movimiento de recursos presuntamente vinculados con actividades ilícitas. Asimismo, indicó que el bloqueo también alcanzó a otras nueve personas que previamente habían sido sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

La dependencia destacó que estas acciones forman parte de la cooperación bilateral entre ambos países para fortalecer el combate al lavado de dinero, al financiamiento de grupos delictivos y al robo de hidrocarburos, delito conocido en México como "huachicol fiscal". Añadió que la coordinación internacional permite intercambiar información y aplicar medidas que dificulten la operación económica de las organizaciones criminales.

La decisión mexicana se produce después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense anunciara sanciones contra dos ciudadanos mexicanos y nueve empresas por su presunta participación en una red dedicada al contrabando de combustibles mediante esquemas de evasión fiscal y documentación irregular.

De acuerdo con las investigaciones estadounidenses, las compañías involucradas habrían operado como parte de una estructura logística utilizada para trasladar hidrocarburos y generar recursos económicos para el CJNG, considerado por Washington como una organización terrorista extranjera.

Las autoridades mexicanas reiteraron que continuarán colaborando con instancias nacionales e internacionales para reforzar la vigilancia del sistema financiero, impedir el uso de recursos de procedencia ilícita y debilitar las estructuras económicas que respaldan a los grupos del crimen organizado. Además, subrayaron que estas medidas forman parte de una estrategia permanente para fortalecer la legalidad y la cooperación en materia de seguridad financiera.