La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) abrió la puerta al análisis de un caso histórico que podría establecer un nuevo precedente ambiental en México: determinar si las abejas, particularmente la especie melipona, pueden ser reconocidas como sujetos de derechos y contar con mecanismos legales para su protección.
El asunto corresponde al amparo en revisión 790/2025, promovido por comunidades mayas de Hopelchén, Campeche, quienes buscan que sus integrantes puedan defender jurídicamente a esta especie ante amenazas que ponen en riesgo su conservación. La atracción del caso fue aprobada por el Pleno de la Corte con mayoría de votos.
Durante la discusión, ministros señalaron que el análisis permitirá revisar la relación cultural y espiritual que las comunidades mayas mantienen con las abejas, así como el papel de los pueblos indígenas como guardianes de los ecosistemas. También se estudiará si el marco legal mexicano puede reconocer nuevas formas de protección para especies vinculadas con la identidad comunitaria.
La abeja melipona tiene un valor histórico para las comunidades mayas debido a su uso tradicional en la producción de miel y su importancia dentro de prácticas culturales transmitidas durante generaciones. De aprobarse un criterio favorable, el fallo podría modificar la manera en que se aborda la defensa jurídica de especies y elementos naturales en el país.
Además de este caso, la SCJN también analizará otros recursos relacionados con la protección ambiental en territorio maya de Yucatán, entre ellos controversias sobre la Reserva Geohidrológica Anillo de los Cenotes y los posibles impactos de actividades industriales en la región.
Uno de los expedientes involucra a comunidades que buscan el reconocimiento jurídico de la reserva y la protección del acuífero mediante figuras de custodia indígena. Otro corresponde a un litigio iniciado por menores de edad de Homún contra la operación de una granja porcícola, debido a posibles afectaciones al agua, la salud y el equilibrio ecológico.
Las resoluciones de la Corte podrían definir nuevos criterios sobre derechos de la naturaleza, protección ambiental y la participación de pueblos originarios en la defensa de su territorio.
