Con el objetivo de reforzar la protección de niñas, niños y adolescentes que participan en procesos legales, la diputada María Antonia Castro Castañeda presentó una iniciativa para reformar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de San Luis Potosí, con la finalidad de garantizar una atención basada en el respeto a sus derechos humanos.
La propuesta busca armonizar la legislación estatal con las disposiciones generales en la materia y establecer bases jurídicas que permitan a las autoridades contar con herramientas más eficaces para aplicar órdenes de protección, darles seguimiento y asegurar que sean cumplidas en cualquier parte del territorio nacional.
La legisladora explicó que la reforma pretende que instituciones como el Poder Judicial del Estado y la Fiscalía General del Estado actualicen y fortalezcan sus protocolos de actuación, de manera que la participación de una persona menor de edad en un procedimiento jurídico represente una vía para recuperar sus derechos y no una experiencia que genere mayores afectaciones emocionales o sociales.
Castro Castañeda señaló que actualmente niñas, niños y adolescentes pueden enfrentar situaciones de especial vulnerabilidad al relacionarse con los sistemas de procuración e impartición de justicia, ya sea como víctimas, testigos o personas involucradas indirectamente en algún procedimiento.
Por ello, destacó la importancia de incorporar de manera expresa principios como la mínima intervención y la no revictimización, con los cuales se busca evitar trámites innecesarios, prácticas burocráticas o procedimientos que puedan incrementar el impacto negativo en quienes atraviesan una situación legal.
La iniciativa plantea que las autoridades responsables prioricen el interés superior de la niñez y adopten medidas que reduzcan los efectos adversos de los procesos judiciales, garantizando acompañamiento adecuado y condiciones que favorezcan la protección integral de las y los menores.
La diputada indicó que el objetivo central es construir un marco legal que permita una actuación más sensible y eficiente por parte de las instituciones, colocando en el centro la dignidad, seguridad y bienestar de niñas, niños y adolescentes.
Finalmente, resaltó que esta modificación representa un avance para fortalecer la justicia con perspectiva de infancia y adolescencia, promoviendo que cualquier intervención institucional tenga como prioridad la restitución plena de derechos.
