Por Redacción Contra Réplica

Jueza de Estados Unidos ordena a ICE mejorar condiciones en centro migratorio

La resolución exige al ICE y a la empresa operadora garantizar agua potable, alimentación adecuada, atención médica y mejores condiciones para personas detenidas en Adelanto, California.

Una jueza federal de Estados Unidos ordenó al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y a la empresa GEO Group implementar cambios inmediatos en el Centro de Procesamiento de Adelanto, California, tras determinar que las condiciones actuales podrían representar una violación a los derechos constitucionales de las personas migrantes detenidas.

La resolución fue emitida por la jueza Sunshine S. Sykes, quien señaló que existen elementos suficientes para considerar que los demandantes podrían demostrar afectaciones relacionadas con la falta de servicios básicos, atención médica insuficiente y condiciones inadecuadas dentro de la instalación migratoria.

Entre las medidas ordenadas se encuentran garantizar acceso permanente a agua potable, mejorar la calidad y cantidad de alimentos, proporcionar artículos de higiene, reforzar la limpieza de las instalaciones, entregar ropa y cobijas adecuadas, además de ampliar el acceso a espacios al aire libre. También se establecieron restricciones al uso del aislamiento y mecanismos de supervisión para verificar el cumplimiento de las disposiciones.

El fallo responde a una demanda colectiva presentada por personas detenidas en el centro, quienes denunciaron problemas relacionados con las condiciones de estancia y la atención recibida. El caso tomó relevancia luego de reportes sobre fallecimientos de migrantes bajo custodia y reclamos de organizaciones defensoras de derechos humanos.

La decisión judicial ocurre en medio de cuestionamientos sobre el trato a personas migrantes detenidas en Estados Unidos y mientras autoridades mexicanas han solicitado atención a las condiciones de ciudadanos mexicanos en centros de detención. La medida cautelar permanecerá vigente mientras continúa el proceso legal para determinar las responsabilidades correspondientes.

Organizaciones civiles consideraron la resolución como un avance en la protección de derechos de las personas migrantes, aunque señalaron que representa únicamente un primer paso para atender problemas denunciados durante los últimos meses.