Integrantes del colectivo Defensorxs presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que se investiguen presuntas omisiones atribuidas al Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como a la unidad especializada en Guerrero, por considerar que la falta de medidas preventivas pudo influir en el asesinato del periodista ambiental Álex Serna.
La acción legal fue promovida por Roberto Juárez, Dayra Hernández, Leonardo Zúñiga y Carlos Escobedo, quienes señalaron que el comunicador había solicitado apoyo luego de recibir amenazas relacionadas con su labor periodística, sin que, afirmaron, se activaran mecanismos de protección para garantizar su seguridad.
Álex Serna fue localizado sin vida el pasado 22 de junio, luego de permanecer desaparecido durante doce días. Su cuerpo fue encontrado dentro de un tambo azul en las inmediaciones de la carretera Acapulco–Zihuatanejo. De acuerdo con los denunciantes, el periodista presentaba indicios de haber sido víctima de tortura antes de su muerte.
Según el colectivo, Serna había hecho públicas diversas amenazas a través de redes sociales. Las intimidaciones, aseguraron, surgieron después de publicar investigaciones relacionadas con presuntos actos de corrupción, afectaciones ambientales e irregularidades en proyectos inmobiliarios desarrollados en la región de Zihuatanejo.
Los denunciantes también hicieron referencia a información difundida por el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), organismo que indicó que un funcionario del Mecanismo Federal confirmó, bajo condición de anonimato, que el periodista no fue incorporado al sistema de protección pese a haber reportado amenazas derivadas de su actividad profesional.
Para los integrantes de Defensorxs, este caso refleja la necesidad de revisar el funcionamiento de los mecanismos institucionales encargados de salvaguardar a periodistas y personas defensoras de derechos humanos, al considerar que existen antecedentes de comunicadores que denunciaron agresiones y posteriormente fueron asesinados.
El colectivo pidió a la FGR realizar una investigación exhaustiva para determinar si existieron responsabilidades por posibles omisiones de servidores públicos y, al mismo tiempo, fortalecer las políticas de protección dirigidas a periodistas y activistas que enfrentan situaciones de riesgo por el ejercicio de su labor informativa.
