Un juez federal resolvió vincular a proceso al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, así como a otras siete personas, por su presunta participación en una red dedicada al contrabando de hidrocarburos y a operaciones vinculadas con delincuencia organizada. La decisión permite que la investigación continúe mientras se desarrolla el proceso penal correspondiente.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), la organización habría implementado un esquema para importar y comercializar combustibles mediante información presuntamente falsa presentada ante las autoridades aduaneras, con el propósito de reducir o evitar el pago de contribuciones fiscales. Las indagatorias apuntan a que las operaciones se realizaron principalmente a través del transporte ferroviario de productos petrolíferos.

Como parte de las medidas cautelares, el exmandatario permanecerá en prisión preventiva junto con otros cuatro imputados en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como el Altiplano. En tanto, dos de los acusados enfrentarán el proceso bajo resguardo domiciliario debido a condiciones de salud, mientras que otra implicada permanecerá interna en un centro penitenciario del Estado de México.

Las investigaciones también relacionan a la empresa Ingemar, de la cual Ruffo Appel es señalado como accionista mayoritario. Según la FGR, las operaciones bajo investigación habrían ocasionado un presunto daño al erario por alrededor de 4 mil millones de pesos durante los primeros siete meses de 2025, derivado del supuesto incumplimiento de obligaciones fiscales.

El expediente incluye el aseguramiento de decenas de ferrotanques con hidrocarburo y el análisis de operaciones realizadas en diversas entidades del país, entre ellas Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco y Baja California. Las autoridades continuarán recabando pruebas para determinar la responsabilidad de los imputados conforme avance el proceso judicial.